El caso de los convenios cuestionados ha tomado relevancia en el país, ya que hasta el momento son 15 las fundaciones bajo investigación por contratos con organismos públicos en todo el país.

Suman casi $12 mil millones en el caso de los convenios

El portal Mega ha realizado un análisis exhaustivo de los 65 convenios y subvenciones otorgados a estas entidades privadas desde 2022, que suman casi $12 mil millones destinados al beneficio de las personas.

Uno de los principales hallazgos es que la mitad de las fundaciones no contaba con los giros tributarios adecuados para llevar a cabo los programas que les fueron adjudicados por el Estado. Esto significa que algunas fundaciones, con giros de actividades totalmente diferentes, fueron seleccionadas para desarrollar proyectos en áreas que no correspondían a su expertise.

Por ejemplo, se encontraron casos de fundaciones dedicadas a la participación política que fueron contratadas para realizar tareas relacionadas con la regularización de títulos de dominio o la entrega de agua potable. Otras fundaciones con giros de asesoría financiera o actividades culturales fueron seleccionadas para proyectos de turismo o gestión de residuos. Estas irregularidades se presentan en diferentes regiones del país.

Algunas fundaciones ampliaron sus giros después de recibir los fondos, lo cual levanta sospechas sobre la legitimidad de dichos cambios. Además, se menciona que podrían configurarse varios delitos en este caso, como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociación incompatible e incluso lavado de activos.

Será la justicia la encargada de determinar si estas contrataciones se ajustan a la ley. Las irregularidades encontradas en los convenios ponen en entredicho la transparencia y la correcta asignación de recursos públicos, lo que exige una investigación exhaustiva y, en su caso, sanciones correspondientes para los responsables de estas irregularidades.