Un grave caso de abuso sexual quedó al descubierto en Iquique, luego de que la Fiscalía Local, a través de su Unidad de Delitos Sexuales y en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), lograra la detención de un ciudadano cubano acusado de agredir sexualmente a una adulta mayor en una residencia privada donde trabajaba como cuidador.

Los hechos ocurrieron en el interior de una casa de larga estadía, donde el imputado aprovechó su posición de confianza para cometer los abusos de forma reiterada.

Imputado habría actuado entre junio y septiembre de 2024

Durante la audiencia de formalización, el fiscal José Rivera expuso que los hechos ocurrieron entre junio y septiembre del año 2024. En ese periodo, el imputado identificado como A.G.A., de 50 años, habría realizado acciones de connotación sexual en reiteradas ocasiones, aprovechando su cercanía con la víctima, quien se encontraba en una condición de dependencia y postración parcial.

Manipulación de cámaras y amenazas a la víctima

Según lo revelado por la Fiscalía, el acusado ingresaba de forma premeditada a la habitación de la víctima, desconectaba las cámaras de seguridad instaladas en el recinto y cometía los abusos. Las agresiones no solo ocurrieron dentro de la residencia, sino que también durante salidas médicas o traslados, momentos en que el imputado tenía a cargo el acompañamiento de la víctima.

Además, habría emitido amenazas directas para impedir que la mujer denunciara los hechos, aprovechándose de su vulnerabilidad y aislamiento.

Pruebas clave y decisión del tribunal

En la audiencia, la Fiscalía presentó un conjunto de evidencias recolectadas junto a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, las cuales incluyeron:

• Declaración de la víctima.

• Testimonios de otros residentes de la casa de reposo.

• Registros audiovisuales que muestran al acusado apagando cámaras de vigilancia previo a los hechos.

Con base en estos antecedentes, el tribunal formalizó a A.G.A. por el delito de abuso sexual agravado y reiterado, acogiendo la solicitud de la Fiscalía para decretar su prisión preventiva.

Riesgo para la víctima y la comunidad

La medida cautelar fue impuesta tras determinarse que la libertad del imputado representaba un riesgo para la seguridad de la víctima y de la sociedad. El tribunal fijó un plazo de 90 días para llevar a cabo la investigación, mientras el acusado permanece privado de libertad a la espera del desarrollo del caso.

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Este caso ha generado conmoción en la comunidad local y ha reavivado el debate sobre los protocolos de seguridad en las residencias de adultos mayores, donde muchas veces las personas más vulnerables no tienen voz ni protección frente a situaciones de abuso.