Han pasado meses desde que la familia de María Elcira Contreras interpuso una querella por falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. La adulta mayor desapareció en el fundo Las Tórtolas, y sus cercanos aseguran que existen graves inconsistencias en el manejo de las pruebas.

Según el abogado Juan Carlos Manríquez, los registros de las cámaras de seguridad del lugar habrían sido eliminados o manipulados, lo que ha incrementado las dudas en torno al caso.

Sospechas sobre el manejo de las grabaciones

Los familiares aseguran que los videos entregados por la PDI no fueron revisados ni validados en su totalidad. Además, denuncian que solo se recibieron cinco horas de imágenes, cuando lo solicitado eran 24.

“Resulta que la causa de obstrucción a la investigación no ha avanzado nada, nún no le toman declaración al PDI (que recogió las imágenes desde el fundo Las Tórtolas). El abogado me dice que no le han dado las copias de la carpetas solicitadas hace ya bastante tiempo”, señaló Carla Hernández, nieta de María Elcira.

La joven abogada sostuvo además que “nadie quiere dar información. Ni el fiscal ni la PDI. Hay algo que se va a destapar en algún momento, porque realmente nosotros estamos seguros que hay obstrucción a la investigación por parte de al menos un funcionario de la PDI que fue el que dice que se llevó el sistema de vigilancia y no lo hizo, le asigna número de evidencia, pero no se lleva nada”.

Actas y dudas pendientes

Otro punto que genera cuestionamientos es la existencia de un acta firmada por la dueña del fundo, Mónica Kleinert, en la que consta la entrega de los videos de vigilancia. Para la familia, no hay explicación clara sobre por qué no se recuperaron las 24 horas de imágenes que había ordenado el fiscal.

“Hay un acta que firma Mónica Kleinert (dueña del fundo) que dice que entrega los videos. No hay explicación ni oficial ni extra oficial de por qué no se rescataron esas 24 horas que el fiscal ordenó”, recordó Hernández.

Críticas al avance del caso

La familia asegura que las diligencias se encuentran paralizadas y que existe una falta de voluntad para esclarecer los hechos.

“Creo que voluntariamente no quieren avanzar en ninguna de las causas (por la desaparición y presunta obstrucción). Tienen paralizada las causas a propósito, porque el abogado ha pedido copias de las dos causas y no se nos ha entregado absolutamente nada”, acusó la nieta.

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Finalmente, manifestó su desconfianza en el lugar donde se lleva el caso: “Mientras la causa siga en Limache, sentimos que no va avanzar. Es un secreto a voces que, en un pueblo donde todos se conocen, se cubren las espaldas. Hay algo oscuro y no puede ser que las autoridades hagan vista gorda ante esta situación”.