El Ministerio del Interior no logra salir de la polémica. Al cuestionado sueldo de $1,9 millones del estudiante de 19 años Cristóbal Soto se sumó este miércoles un segundo caso —una periodista recién titulada con honorarios de $2.350.000— y el biministro Claudio Alvarado salió a reconocer errores y anunciar una investigación administrativa interna.

“Nadie está exento de errores. Ese error significa que, primero, se corrija la situación de inmediato; segundo, se cumplan estrictamente los instructivos que Hacienda ha fijado al respecto y, tercero, que se abra una investigación administrativa interna para determinar por qué ocurrió esta situación”, sostuvo el secretario de Estado.

El segundo caso: Sofía Pumpin y los $2,3 millones

El nuevo antecedente lo dio a conocer Contrapoder —el mismo medio que reveló el caso de Soto— tras corroborar la Transparencia Activa del ministerio: la periodista Sofía Pumpin está contratada desde marzo como encargada de la coordinación e información de las Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales.

Pumpin obtuvo su título recién en julio de 2025 y su única experiencia previa registrada es la práctica universitaria en el Diario Financiero, sin trayectoria en el ejercicio periodístico en entidades públicas. Por sus funciones —que incluyen la gestión de la agenda de reuniones del subsecretario Máximo Pavez— percibe $2.350.000 mensuales.

El detalle político no es menor: Pavez es la misma autoridad que días atrás defendió la contratación de Soto, y hoy tiene en su propio gabinete a la segunda funcionaria cuestionada.

De la defensa a la admisión: cómo cambió el discurso del Gobierno

La rectificación marca un giro respecto de la primera reacción oficial. El fin de semana, el subsecretario Pavez había respaldado el desempeño de Soto —”todas las personas que trabajan en Interior llevan adelante el trabajo con el mayor nivel de profesionalismo”— aunque anticipando que su renta sería “acomodada de acuerdo a las rentas y los años que corresponda”.

La presión que quebró la defensa no vino solo de la oposición: diputados del propio Partido Republicano calificaron el sueldo del estudiante como “prácticamente indefendible” e “inaceptable”, en una abierta discrepancia interna que obligó a La Moneda a moverse.

Este miércoles, Alvarado fue más allá de la corrección y anunció el sumario: “los errores deben ser enmendados”, recalcó, confirmando que ambas remuneraciones serán ajustadas a los parámetros del instructivo de austeridad.

“El Gobierno de la primera chamba millonaria”: el contraataque opositor

Desde la oposición, el diputado Daniel Manoucheri (PS) aprovechó de dar vuelta el concepto que la derecha usó contra la administración anterior: “Es el Gobierno de ‘la primera chamba millonaria’. Recién egresados y hasta estudiantes en cargos sensibles con sueldos millonarios. ¿No tienen más gente para gobernar? Aquí se entiende por qué están fracasando”, lanzó.

El caso de Interior se suma a los ya conocidos de Trinidad Zegers (Justicia) y Camila Pérez (Migraciones), completando al menos cuatro contrataciones de jóvenes sin experiencia acreditada en cargos de la administración de José Antonio Kast, cuyo emblema de campaña fue la austeridad y la meritocracia.

¿Hay ilegalidad? Lo que dice el instructivo de Hacienda

Jurídicamente, el escenario es más complejo de lo que sugiere la indignación. El abogado Alberto Precht explicó que las contrataciones no configuran necesariamente una infracción legal, siempre que las remuneraciones respeten el Instructivo sobre buen uso de los recursos fiscales de la Dipres, publicado en febrero de 2025.

El documento fija topes según formación y experiencia:

• Solo enseñanza media y hasta 5 años de experiencia: máximo el 12% del sueldo bruto del subsecretario del servicio.
• Título profesional y menos de 5 años de experiencia: máximo el 17% de esa misma remuneración.

“Más que desde el punto de vista legal, que no habría reproche, desde el punto de vista estético claramente se ve difícil avalar que una persona con un año de universidad pueda ganar un sueldo tan elevado; pero la ley lo permite y los instructivos de austeridad también”, precisó Precht.

Qué viene ahora

La investigación administrativa interna deberá determinar quién y cómo se asignaron las rentas en ambos casos, y sus resultados podrían derivar en sanciones. Los contratos y remuneraciones de ambos funcionarios están disponibles en la Transparencia Activa del Ministerio del Interior.

En el horizonte, la oposición ya advierte que la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 será el escenario donde estos casos vuelvan a la palestra, con el fantasma del “gobierno de practicantes” —ahora en versión oficialista— como munición política.