Duro revés para el Gobierno de Kast: Contraloría puso la lupa sobre un estratégico asesor venezolano y este sería el motivo

Romer Rubio, asesor venezolano del Segundo Piso de La Moneda, quedó en la mira: Contraloría pidió a Presidencia un informe.

Fachada del Palacio de La Moneda, sede de la Presidencia, tras el requerimiento de Contraloría por la contratación del asesor Romer Rubio.

Romer Rubio quedó en el centro de la polémica. El abogado venezolano, contratado desde marzo como asesor del Segundo Piso de La Moneda, enfrenta un requerimiento de la Contraloría General de la República, que exigió a la Presidencia explicar los fundamentos de su incorporación.

El cuestionamiento apunta a los antecedentes con que el Gobierno de José Antonio Kast lo calificó como “experto”. Y surge en el peor momento posible: otro caso con el mismo patrón terminó en renuncia hace solo una semana.

Quién es Romer Rubio, el asesor venezolano del Segundo Piso

Rubio se hizo conocido en Chile como activista opositor al chavismo. Fue concejal en Maracaibo, integró instancias de la oposición venezolana cercanas a Juan Guaidó y coordinó la Plataforma Unitaria de Venezolanos en nuestro país. En 2024, además, el régimen de Nicolás Maduro le anuló su pasaporte.

En el ámbito local, fue encargado de la Oficina de Migración de la Municipalidad de Independencia, durante la gestión del alcalde Agustín Iglesias, y ejerció como funcionario público en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Según el portal de Transparencia Activa, desde el 11 de marzo de 2026 presta servicios a honorarios en Presidencia, para el “seguimiento de compromisos ministeriales y presidenciales, apoyando su reporte y coordinación con contrapartes técnicas”. Por ese trabajo en el núcleo duro de La Moneda recibe una remuneración bruta mensual de $2.850.000 y figura registrado como “abogado”, con “magíster en gestión de gobierno; experto en derecho y gestión de gobierno”.

El problema de Romer Rubio: su título de abogado no figura revalidado en Chile

De acuerdo con la investigación del sitio Contrapoder Chile, Rubio obtuvo su título de abogado en la Universidad del Zulia, Venezuela, en 2007. Sin embargo, su nombre no aparece en el Buscador de Abogados del Poder Judicial, es decir, no habría jurado ante la Corte Suprema ni se habría inscrito en el Registro Nacional de Abogados.

Tampoco figura en el sitio de consulta de Títulos Profesionales Extranjeros revalidados por la Universidad de Chile. El punto es clave: como no existe un tratado de reconocimiento mutuo de títulos entre Chile y Venezuela, los profesionales de ese país deben revalidar obligatoriamente a través de la casa de estudios, por lo que su título debería constar en los listados oficiales.

Otro antecedente que refuerza las dudas consta en la propia Transparencia Activa: en enero de 2021, cuando trabajó como asesor en la Subsecretaría del Interior durante el gobierno de Piñera, aparece contratado con nivel de estudios de enseñanza media.

El requerimiento de Contraloría que complica a Romer Rubio

Ante las dudas, la Contraloría General de la República requirió este miércoles a la Presidencia de la República un informe sobre el caso, según el documento al que accedió el citado medio.

“Se requiere a esa entidad informar detalladamente los fundamentos tenidos en consideración para calificar al señor Rubio Flores como experto, en particular, resulta necesario que remita los antecedentes curriculares, académicos, profesionales y de experiencia laboral considerados para adoptar dicha decisión”, se lee en el oficio.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Presidencia ni el propio Romer Rubio se han referido públicamente al requerimiento. Los registros que sustentan la investigación son de acceso público y pueden revisarse en el Portal de Transparencia.

El antecedente inmediato: el caso Lucy Depablos que terminó en renuncia

La situación de Rubio replica un patrón reciente. Lucy Depablos, también activista venezolana ligada a la derecha, fue contratada como jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana del Servicio Civil, en calidad de “experta”, con remuneraciones que llegaron a superar los $5,6 millones brutos en un mes.

Tras los cuestionamientos por sus antecedentes académicos, Contraloría solicitó su currículum y la funcionaria presentó su renuncia el 18 de septiembre. “Me quedo con el trabajo realizado, con los proyectos que ayudamos a impulsar, con las conversaciones de pasillo, con los aprendizajes, con las personas que encontré en este camino”, escribió en su carta de salida.

De este modo, el caso de Romer Rubio se transforma en el segundo asesor venezolano del Gobierno bajo la lupa del organismo contralor en pocas semanas. Ahora todo queda en manos de La Moneda: el informe que remita a Contraloría definirá si la contratación se sostiene o si el Segundo Piso enfrenta una nueva salida forzada.