¿Por qué llevaron el Escudo de las Américas a la Contraloría? la acusación contra el Gobierno de Kast

El Escudo de las Américas sumó un nuevo capítulo judicial este lunes. Cinco diputados de oposición recurrieron a la Contraloría General de la República para cuestionar la legalidad de la incorporación de Chile a la iniciativa.

Su tesis es directa: acusan que el Gobierno presentó la adhesión como una coordinación voluntaria, pero que los compromisos van mucho más allá. Hablan de un “tratado internacional encubierto” que debió pasar por el Congreso.

Escudo de las Américas: los diputados que firman

El requerimiento lleva las firmas de Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC), Jaime Bassa (FA) e Irací Hassler (PC).

Los parlamentarios piden al organismo que lidera Dorothy Pérez revisar dos cosas. Primero, la forma en que Chile ingresó al acuerdo. Segundo, el contenido de los compromisos suscritos.

Según su interpretación, el presidente José Antonio Kast habría excedido sus atribuciones al saltarse al Congreso Nacional.

Lo que informó Chile versus lo que publicó Estados Unidos

El corazón del requerimiento está en una diferencia de versiones. El 22 de septiembre, Cancillería informó que Chile se incorporaba a un “marco de coordinación voluntaria” contra el crimen organizado transnacional.

Pero ese mismo día, el Departamento de Estado publicó la “Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica”, suscrita por los 15 países participantes.

Y ahí el alcance es más amplio. El texto incluye tres pilares: económico, seguridad y coordinación multilateral. Habla de cadenas de suministro de minerales críticos, intercambio de inteligencia y una solicitud ante la OEA para estudiar una “acción colectiva” contra narcoterroristas en el marco del TIAR.

“Tratado internacional encubierto”

Los diputados recurren a la Convención de Viena. Su argumento: no importa cómo se llame un acuerdo, sino los compromisos que genera entre Estados.

“En este requerimiento estamos demostrando ante la Contraloría que el Escudo de las Américas es un tratado internacional encubierto”, afirmó el diputado Cuello.

Y fue más allá: “El Gobierno ha engañado a los chilenos, poniendo en riesgo el cobre y el litio ante una potencia extranjera”, acusó.

Litio y fuerzas extranjeras: los dos puntos sensibles

El primer punto son los minerales críticos. La declaración plantea salvaguardar sus cadenas de suministro. Para los requirentes, aquello podría tocar el régimen jurídico del litio, regulado por la Constitución y las leyes.

El segundo es la seguridad. Los diputados interpretan que el mecanismo del TIAR podría facilitar operaciones de fuerzas extranjeras en Chile. “El acuerdo suscrito por Chile busca la implementación de un mecanismo que facilita la operación de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional”, acusó Cuello.

También cuestionan el concepto de “soberanía hemisférica”. A su juicio, sería incompatible con el artículo 5 de la Constitución, que establece que la soberanía reside esencialmente en la Nación.

¿Qué dice el Gobierno?

Desde Cancillería han defendido la adhesión. Su versión: se trata de una plataforma de coordinación voluntaria y no vinculante, que no crea obligaciones jurídicas ni compromete recursos estratégicos.

Además, han insistido en que el objetivo central es combatir el crimen organizado transnacional, una prioridad de la agenda de seguridad del Gobierno.

¿Qué piden a la Contraloría?

Los diputados solicitan que el organismo requiera a Cancillería todos los documentos, anexos, protocolos y memorándums del Escudo. También los actos administrativos derivados de la adhesión.

Finalmente, piden que Contraloría determine si la incorporación de Chile fue legal. La decisión queda ahora en manos del organismo contralor, mientras el Escudo de las Américas sigue sumando capítulos políticos y jurídicos.