Terremoto en el senado: Conocido senador es desaforado por fraude

Miguel Ángel Calisto enfrenta un nuevo escenario judicial después de que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogiera la solicitud para desaforarlo como senador. La decisión se relaciona con una causa por presunto fraude al Fisco originada en hechos ocurridos cuando ejercía como diputado por Aysén.

El tribunal resolvió este martes 6 de octubre por unanimidad, con tres votos a favor y ninguno en contra. Sin embargo, el desafuero no constituye una condena ni determina la culpabilidad del parlamentario.

Miguel Ángel Calisto es desaforado como senador

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público para permitir que la causa penal avance respecto de Calisto.

El senador ya había perdido anteriormente su fuero cuando era diputado. Aquella resolución fue confirmada por la Corte Suprema por hechos vinculados a la misma investigación.

El escenario cambió después de que fuera electo senador por Aysén para el período 2026-2034.

El Senado registra oficialmente a Miguel Ángel Calisto como parlamentario independiente por la 14ª Circunscripción.

La Fiscalía decidió solicitar un nuevo desafuero para evitar controversias procesales derivadas de su actual cargo.

Qué significa el desafuero de Miguel Ángel Calisto

El desafuero no significa que el senador haya sido declarado culpable.

La medida permite remover la protección procesal que la Constitución entrega a diputados y senadores para que una causa penal pueda continuar en su contra.

El artículo 61 de la Constitución establece que un parlamentario no puede ser acusado o privado de libertad sin que previamente el tribunal de alzada correspondiente declare que existe mérito para formar causa.

Existe además una precisión relevante: la resolución puede ser apelada ante la Corte Suprema.

La misma norma establece que la suspensión del parlamentario de su cargo se produce cuando la resolución que declara haber lugar a formación de causa queda firme.

Por lo tanto, el fallo conocido este martes no debe confundirse automáticamente con una salida inmediata y definitiva del Senado mientras existan recursos procesales disponibles.

Fiscalía acusa a Miguel Ángel Calisto por presunto fraude al Fisco

La investigación comenzó por hechos ocurridos entre 2018 y 2022, cuando Calisto ejercía como diputado.

Según la acusación del Ministerio Público, el parlamentario, Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo habrían participado en un mecanismo relacionado con asesorías parlamentarias que, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, no se habrían realizado.

La Fiscalía Regional de Aysén sostiene que Graf fue contratada como asesora parlamentaria del entonces diputado.

El Ministerio Público afirma que esa contratación habría funcionado como un mecanismo para obtener recursos fiscales.

Según la acusación, “las supuestas asesorías parlamentarias prestadas por la coimputada Carla Graf jamás se realizaron”.

La defensa de Calisto ha rechazado esa tesis y ha sostenido durante el proceso que los trabajos cuestionados sí se efectuaron.

Miguel Ángel Calisto arriesga una pena solicitada de 12 años

La investigación reúne actualmente a ocho acusados por distintos delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones.

En el caso específico de Calisto, el Ministerio Público presentó acusación por fraude al Fisco reiterado.

La Fiscalía ha solicitado para el senador una pena de 12 años de presidio.

El monto total involucrado en la investigación fue actualizado durante 2026 y supera los $105 millones.

En mayo, la Fiscalía situó la cifra investigada en $105.554.697.

El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, explicó al presentar la acusación que el Ministerio Público cuenta con distintos tipos de evidencia.

“La prueba ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa”, señaló.

La defensa mantiene una posición distinta y ha cuestionado tanto antecedentes de fondo como distintas decisiones procesales adoptadas durante la investigación.

La causa contra Miguel Ángel Calisto fue reabierta durante 2026

El desafuero conocido este martes llega después de varios meses de movimientos judiciales.

La Fiscalía había cerrado la investigación y presentado una primera acusación durante junio. Posteriormente, el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó reabrirla por 60 días para realizar diligencias específicas solicitadas por las defensas.

Esa decisión provocó que en julio la Corte de Apelaciones de Puerto Montt suspendiera una audiencia en la que debía revisar el desafuero.

Tras completar las nuevas diligencias, la Fiscalía cerró nuevamente la investigación el 4 de septiembre y presentó otra vez la acusación.

El Ministerio Público sostuvo que las nuevas diligencias reforzaron su hipótesis respecto de las asesorías investigadas.

La defensa, en cambio, ha acusado vulneraciones a sus garantías y ha promovido diferentes acciones judiciales para cuestionar el cierre de la indagatoria y acceder a antecedentes de la carpeta.

Por qué la Corte de Puerto Montt resolvió el caso

La petición no fue revisada por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, pese a que la causa se tramita en esa región.

Los ministros de ese tribunal se habían pronunciado anteriormente sobre el desafuero de Calisto cuando todavía ejercía como diputado.

Por esta razón, la nueva solicitud terminó siendo conocida por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Los alegatos se realizaron durante septiembre y fueron transmitidos por el Poder Judicial.

Finalmente, este martes el tribunal acogió por tres votos contra cero la petición planteada por la Fiscalía.

Qué viene ahora para Miguel Ángel Calisto

El siguiente paso dependerá de si la defensa recurre contra la decisión ante la Corte Suprema.

Si el desafuero queda firme, la Constitución establece que el parlamentario queda suspendido de su cargo y sujeto al tribunal competente mientras continúa el procedimiento penal.

Eso tampoco supone una condena. La Fiscalía deberá acreditar su acusación con las pruebas que sean admitidas en el proceso y la defensa tendrá derecho a controvertirlas.

La acusación busca llevar el caso hacia un eventual juicio oral, instancia en la que deberán resolverse los hechos atribuidos al senador y al resto de los acusados.

Así, la resolución sobre Miguel Ángel Calisto elimina un importante obstáculo procesal para la Fiscalía si llega a quedar firme. La responsabilidad penal del senador, en cambio, continúa siendo una materia pendiente de resolución judicial.

Miguel Ángel Calisto mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme en su contra.