Alerta por Ley Ricarte Soto: Presupuesto 2027 contempla fuerte recorte y Gobierno explica qué pasará con pacientes

La Ley Ricarte Soto quedó instalada en uno de los debates más sensibles del Presupuesto 2027. El proyecto presentado por el Gobierno contempla una disminución de recursos para el fondo que financia diagnósticos y tratamientos de alto costo, lo que encendió las alertas en el Congreso.

Mientras parlamentarios advierten sobre eventuales consecuencias para los pacientes, la ministra de Salud, May Chomali, salió a entregar una señal categórica: el Ejecutivo asegura que quienes están cubiertos por la normativa continuarán recibiendo sus medicamentos.

Ley Ricarte Soto: cuánto disminuyen realmente los recursos

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción importante para el Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo asociado a la Ley Ricarte Soto.

Para 2026 se presupuestaron $189.696 millones. La propuesta para 2027 considera $166.951 millones.

Eso representa una disminución nominal de $22.745 millones. Sin embargo, al incorporar el efecto de la inflación, el recorte llega aproximadamente a $28 mil millones en términos reales, equivalente a una caída cercana al 14%.

La reducción ocurre pese a que el Presupuesto 2027 contempla un aumento general de 4,7% para el Ministerio de Salud, por encima del crecimiento global del gasto público.

Por eso, la discusión no está centrada en una disminución global de toda la cartera, sino específicamente en los recursos destinados a esta cobertura de tratamientos de alto costo.

Fabián Ossandón exige garantías para los pacientes

La disminución generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

Uno de ellos fue el diputado Fabián Ossandón, quien emplazó directamente al Ejecutivo a explicar cómo garantizará la continuidad de los tratamientos.

“Cuesta entenderlo, y más aún cuando ya existen advertencias sobre problemas de financiamientos. El Gobierno del Presidente Kast tiene que explicar por qué se reducen estos recursos y cómo va a garantizar que ningún paciente quede sin tratamiento”, manifestó.

La inquietud aparece en un escenario donde el financiamiento de la Ley Ricarte Soto ya había generado advertencias antes de la presentación del nuevo presupuesto.

De hecho, la discusión fiscal en Salud venía escalando desde meses anteriores, cuando los trabajadores de la atención primaria se movilizaron para exigir mayores recursos en el Presupuesto 2027.

Juan Luis Castro habla de “un ataque inhumano”

Más duro fue el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro.

El parlamentario calificó la reducción como “un ataque inhumano” y cuestionó el impacto que podría tener sobre personas que dependen de medicamentos de alto costo.

“¿Cómo es posible que hayamos llegado a este extremo de quitarle el acceso a medicamentos de alto costo que están garantizados en una ley que cubre más de 27 problemas de salud? Es inaceptable. Exijo que esto se reponga a la brevedad”, expresó.

La advertencia de Castro corresponde a su evaluación política sobre los riesgos del recorte. Hasta ahora no se ha anunciado la eliminación de alguna de las coberturas actualmente garantizadas por la normativa.

Qué cubre actualmente la Ley Ricarte Soto

La Ley N.º 20.850 creó un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo.

Actualmente contempla 27 problemas de salud y puede beneficiar a personas afiliadas a Fonasa, Isapres, Capredena y Dipreca, independientemente de su situación socioeconómica.

La protección vigente cubre el 100% del valor de los medicamentos, dispositivos médicos o alimentos de alto costo expresamente garantizados para cada condición incluida.

Entre las patologías cubiertas existen enfermedades oncológicas, inmunológicas, poco frecuentes y otras condiciones que requieren tratamientos cuyo costo puede resultar imposible de asumir para una familia.

May Chomali descarta que pacientes queden sin medicamentos

En medio de las críticas, la ministra de Salud buscó entregar tranquilidad a quienes actualmente utilizan el sistema o podrían incorporarse a él.

Consultada directamente por la reducción presupuestaria, Chomali aseguró:

“Quiero decir una cosa fuerte y claro: ningún paciente que necesite algún medicamento que está incorporado en la Ley Ricarte Soto de todas las enfermedades que están cubiertas, van a estar sin su medicamento”.

La secretaria de Estado añadió que esa garantía también incluye a quienes sean diagnosticados posteriormente y comiencen a utilizar la cobertura.

“Sea un paciente que ingresa porque recién le diagnosticaron, le indicaron el medicamento y lo ingresaron a la Ley Ricarte Soto o aquellos que están en la ley”, añadió.

Las declaraciones fueron entregadas al abordar directamente las críticas parlamentarias por la disminución contemplada en el Presupuesto 2027.

“Los pacientes van a recibir su medicamento”

Chomali aseguró que el Ejecutivo buscará una fórmula para solucionar los problemas de financiamiento y defendió que la continuidad de las prestaciones está respaldada por una obligación legal.

“Eso se va a resolver, los pacientes van a recibir su medicamento. Estamos empujando para que la Ley Ricarte Soto que es una ley que llegó desfinanciada porque nunca pensaron que nosotros en salud lo íbamos a hacer tan bien, que los pacientes iban a sobrevivir tantos años y, por lo tanto, se van acumulando pacientes. Para darle más sostenibilidad a la Ley Ricarte Soto”, defendió.

La explicación apunta a uno de los problemas que arrastra el sistema: a medida que aumenta la supervivencia de los pacientes y se mantienen las terapias durante más tiempo, también aumenta el número de personas que necesitan financiamiento simultáneamente.

La ministra califica el recorte como “tecnicismos”

La titular de Salud también restó importancia al debate sobre la forma presupuestaria utilizada para financiar el sistema y calificó la controversia como “tecnicismos”.

Su prioridad, afirmó, está en mantener intacta la prestación para quienes tienen derecho a ella.

“Lo único que me interesa es que la población que se beneficia de esta ley tenga tranquilidad. Es una ley, yo tengo el deber de entregarles el medicamento y ellos tienen el derecho a recibirlo”, enfatizó.

Chomali cerró su respuesta asegurando que el Ejecutivo deberá encontrar los recursos necesarios si el financiamiento contemplado inicialmente resulta insuficiente.

“Lo vamos a resolver de la forma que sea. Acá hay una ley que nos mandata como Ministerio de Salud a entregar los medicamentos cubiertos por la ley”, zanjó.

El problema financiero de la Ley Ricarte Soto viene de antes

La discusión del Presupuesto 2027 coincide con otro proceso que avanza en el Congreso.

Actualmente se tramita una reforma destinada precisamente a fortalecer la sustentabilidad financiera del fondo.

El proyecto correspondiente al boletín 17.567-11 ya se encuentra en segundo trámite constitucional y plantea modificar distintas reglas de funcionamiento de la Ley Ricarte Soto.

Entre sus principales cambios está elevar el aporte fiscal anual permanente desde $100 mil millones hasta $185 mil millones.

También propone aumentar desde 80% hasta 90% el límite del costo anual esperado que puede comprometerse respecto del presupuesto total del fondo.

Eso sí, esta reforma todavía está en tramitación y los $185 mil millones no deben confundirse con recursos automáticamente incorporados al Presupuesto 2027.

¿Los pacientes se verán afectados por el recorte?

Con los antecedentes disponibles hasta ahora, no existe una confirmación de que los actuales beneficiarios vayan a perder medicamentos o tratamientos durante 2027.

La Ley Ricarte Soto continúa vigente y mantiene las garantías contempladas para las prestaciones incorporadas en sus decretos.

La propia ministra de Salud asegura que el Estado cumplirá esa obligación incluso si posteriormente necesita realizar ajustes financieros.

Sin embargo, la reducción propuesta sí abre una discusión relevante sobre la suficiencia de los recursos, especialmente considerando que el propio Congreso está tramitando una reforma destinada a aumentar el financiamiento permanente del sistema.

Además, el Presupuesto 2027 todavía se encuentra en discusión legislativa. Las partidas pueden sufrir modificaciones antes de que el proyecto se transforme definitivamente en ley.

Así, la Ley Ricarte Soto queda en el centro de una tensión que marcará las próximas semanas: mientras el Ejecutivo promete que ningún paciente perderá sus medicamentos, parlamentarios exigen conocer cómo se financiará esa garantía con una partida que parte 2027 con menos recursos reales.