Caso de alto impacto: médico esposo de Nacho Gutiérrez fue formalizado por lesiones graves a docente de Los Lagos

Héctor Macaya fue formalizado por lesiones graves tras una cirugía cuestionada. La defensa asegura que acreditará su inocencia.

Héctor Rodrigo Macaya Pivet, ginecólogo formalizado en una investigación por cuasidelito de lesiones graves.

El ginecólogo Héctor Rodrigo Macaya Pivet, esposo del conductor de televisión Ignacio “Nacho” Gutiérrez, fue formalizado como imputado por un cuasidelito de lesiones graves, en una investigación originada por la cirugía practicada en 2021 a una profesora de la Región de Los Lagos.

La causa comenzó a partir de una querella por presunta negligencia médica presentada en representación de Priscila Pino, quien atribuye a aquella intervención una lesión neurológica que habría provocado importantes secuelas en su vida cotidiana y laboral.

La defensa del médico sostiene que cuenta con antecedentes periciales para demostrar su inocencia. La formalización, por sí sola, no establece responsabilidad penal ni equivale a una condena.

Héctor Macaya fue formalizado por cuasidelito de lesiones graves

Según los antecedentes judiciales consignados en la investigación periodística, Macaya fue formalizado el 15 de junio de 2026 ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

El Ministerio Público le comunicó una investigación por un cuasidelito de lesiones graves relacionado con una intervención realizada el 17 de agosto de 2021 en Clínica Las Condes.

Durante aquella audiencia no se decretaron medidas cautelares y el tribunal fijó inicialmente un plazo de 120 días para desarrollar la investigación.

Ya en mayo, antes de concretarse esa audiencia, se había informado públicamente que la Fiscalía Local de Las Condes investigaba al profesional y que el tribunal había agendado su formalización para junio.

Es importante diferenciar las figuras utilizadas en el proceso. Mientras la querella atribuye una presunta negligencia con consecuencias que califica como graves y gravísimas, la formalización informada corresponde específicamente al cuasidelito de lesiones graves.

La cirugía que originó la investigación contra el ginecólogo

De acuerdo con la versión contenida en la querella, Priscila Pino acudió inicialmente a una consulta relacionada con el climaterio, considerando además sus antecedentes médicos.

Durante esa atención habría sido sometida a la extracción de un dispositivo intrauterino. Según la parte querellante, fragmentos del dispositivo permanecieron posteriormente en la cavidad uterina.

El escrito sostiene que se planteó realizar una histeroscopia para extraerlos y, durante la misma intervención, abordar también un quiste de Bartolino que, de acuerdo con la denunciante, llevaba años sin generarle molestias.

La cirugía se realizó el 17 de agosto de 2021.

La querella afirma que después del procedimiento Pino comenzó a experimentar dolores persistentes en la zona pélvica y genital, con dificultades para desarrollar actividades como caminar o permanecer sentada.

La parte querellante atribuye esas secuelas a una supuesta lesión del nervio pudendo producida durante la intervención. Esa relación causal forma parte precisamente de lo que debe esclarecer la investigación.

Querella cuestiona también la atención posterior de Héctor Macaya

La acción judicial no cuestiona únicamente lo ocurrido dentro del pabellón.

Según el relato presentado por la querellante, la paciente habría comunicado reiteradamente los dolores que experimentaba después de la operación.

El escrito sostiene que no habría recibido una respuesta eficaz frente a sus síntomas y menciona, entre las indicaciones entregadas durante ese período, el uso de lidocaína en gel.

Estos antecedentes corresponden a las afirmaciones de la parte querellante y todavía deben ser confrontados con la ficha clínica, las declaraciones, los peritajes médicos y los demás elementos reunidos por Fiscalía y defensa.

Consentimiento informado aparece entre los puntos cuestionados

Otro aspecto planteado públicamente en torno al caso es el consentimiento informado previo al procedimiento.

El senador Fidel Espinoza aseguró que la paciente no habría sido informada adecuadamente acerca de determinados riesgos de la intervención.

La Ley 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes establece que, en una intervención quirúrgica, el consentimiento informado debe constar por escrito.

La normativa exige además que la persona reciba información adecuada, suficiente y comprensible respecto del procedimiento, las alternativas disponibles y sus riesgos.

Eso no significa que la supuesta infracción esté establecida en esta causa. Determinar qué información recibió Pino, qué documentos fueron suscritos y si se cumplieron las obligaciones correspondientes es parte de los antecedentes que deberán ser acreditados.

Fidel Espinoza llevó el caso de la profesora hasta el Senado

La investigación adquirió una nueva dimensión pública durante la sesión del Senado del miércoles 7 de octubre.

En la Hora de Incidentes, Fidel Espinoza, senador por la Región de Los Lagos, expuso la situación de la profesora y pidió atención para su caso.

La intervención se produjo durante la sesión ordinaria número 67 del Senado, realizada ese miércoles.

Espinoza sostuvo que la docente llevaba más de dos décadas vinculada a la educación pública y aseguró que las consecuencias posteriores a la intervención modificaron profundamente su vida.

Según el parlamentario, Pino habría tenido que dejar su actividad profesional y acogerse a una pensión de invalidez.

También describió dificultades para caminar y sentarse, además de repercusiones personales y familiares.

Las descripciones entregadas por el senador se basan en los antecedentes que él ha conocido del caso y no sustituyen una resolución judicial ni un informe pericial definitivo sobre responsabilidad médica.

Senador cuestionó a canales de televisión por no abordar el caso

Durante su intervención, Espinoza abrió además un flanco completamente distinto.

El legislador cuestionó a TVN, Chilevisión, Mega y Canal 13 por la escasa cobertura televisiva que, según él, habría tenido la investigación.

El senador atribuyó esa situación a la cercanía de Macaya con figuras del mundo del espectáculo.

Sin embargo, no existen antecedentes públicos que permitan establecer que los canales hayan coordinado un silencio informativo debido a esos vínculos.

La afirmación corresponde a una acusación formulada por Espinoza y no a un hecho acreditado.

Qué respondió la defensa de Héctor Macaya

El abogado defensor Roberto García Olave sostuvo que cuenta con elementos periciales que, a juicio de la defensa, permitirán respaldar la inocencia del ginecólogo.

Además, optó por no profundizar públicamente en los antecedentes técnicos mientras la investigación penal permanezca abierta.

Esa postura plantea el punto que deberá resolver la investigación: si las secuelas denunciadas pueden ser jurídicamente atribuidas a una actuación negligente del profesional o si, como sostiene su defensa, los antecedentes médicos permiten descartar responsabilidad penal.

Macaya continúa ejerciendo como ginecólogo. Su perfil profesional actual lo identifica como especialista en ginecología y obstetricia, climaterio, menopausia y endocrinología ginecológica.

Nacho Gutiérrez no forma parte de la investigación

La relación matrimonial entre Héctor Macaya e Ignacio Gutiérrez ha generado interés mediático alrededor del caso, pero existe una precisión necesaria.

Nacho Gutiérrez no está imputado, investigado ni involucrado en los hechos médicos que dieron origen a esta causa.

El periodista y conductor contrajo matrimonio con Macaya en 2022, pero la intervención cuestionada ocurrió un año antes y la investigación penal está dirigida contra el profesional que realizó el procedimiento.

La relación con el animador, por tanto, constituye únicamente un antecedente público sobre la identidad del médico y no tiene incidencia conocida en la determinación de una eventual responsabilidad penal.

Qué viene ahora en la investigación contra Héctor Macaya

La formalización permitió judicializar la investigación y fijar los hechos que Fiscalía atribuye al imputado, pero todavía queda por determinar qué ocurrirá con la causa.

Entre las diligencias solicitadas por la querella aparecen la declaración de la afectada, actuaciones investigativas policiales y antecedentes médico-legales destinados a establecer las lesiones y su eventual origen.

Será especialmente relevante el contenido de los peritajes, porque deberán abordar tanto la existencia y gravedad de las secuelas como la eventual relación entre aquellas y el procedimiento de agosto de 2021.

Mientras el tribunal no dicte una sentencia definitiva, Héctor Rodrigo Macaya Pivet mantiene íntegramente la presunción de inocencia.