Fuerte ajuste fiscal remece 220 programas: millonarias rebajas abren crucial interrogante sobre ayudas sociales

El Presupuesto 2027 contempla recortes por $793 mil millones distribuidos entre 220 programas públicos, según un análisis de las iniciativas revisadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres). La propuesta del Gobierno del presidente José Antonio Kast ya genera debate por sus efectos sobre prestaciones sociales, atención de salud y programas de protección a la infancia.

De las 590 iniciativas examinadas, 220 presentan disminuciones en sus recursos. La cifra equivale a poco más del 37% del conjunto analizado y refleja el alcance de los ajustes incluidos en el proyecto que actualmente se discute en el Congreso.

El Ejecutivo defiende la necesidad de contener el gasto y mejorar su eficiencia, mientras parlamentarios de distintos sectores exigen garantías de que las rebajas no afectarán a quienes dependen de estas ayudas.

Presupuesto 2027: 220 programas registran recortes por $793 mil millones

El detalle de las disminuciones fue difundido este domingo 11 de octubre por El Mercurio, a partir del análisis de la oferta programática realizado por la Dipres.

El informe considera 590 iniciativas y detecta rebajas en 220 de ellas, que en conjunto suman $793 mil millones.

Además, la revisión identifica programas con debilidades en su diseño o ejecución y 20 iniciativas que recibieron objeciones técnicas.

Sin embargo, una disminución presupuestaria no implica necesariamente que un programa haya sido eliminado. Para determinar sus efectos es necesario revisar cuánto dinero conserva, qué actividades financia y si existen recursos trasladados a otras líneas.

El proyecto completo puede consultarse en el portal oficial de la Dipres para el Presupuesto 2027.

Por qué el Gobierno defiende los ajustes del Presupuesto 2027

La administración de José Antonio Kast sostiene que la contención del gasto responde a la necesidad de ordenar las cuentas fiscales.

Al mismo tiempo, plantea que los recursos deben priorizar iniciativas con resultados comprobables y áreas consideradas estratégicas, como crecimiento económico, empleo, seguridad y reconstrucción.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió esa orientación y explicó que el Ejecutivo resolvió aumentar el margen inicialmente considerado para el crecimiento del gasto.

“Es un presupuesto de contención de gastos. Pocas horas antes de anunciar el presupuesto, íbamos con un presupuesto de casi un 1%, y el presidente toma la decisión de agregarle un medio por ciento más, precisamente tratando de buscar crecimiento, tratando de buscar empleo”, señaló.

Según la información oficial, el proyecto contempla un crecimiento real del gasto público de 1,5% respecto de la ejecución proyectada para 2026.

Esto significa que, aunque numerosas iniciativas enfrentan disminuciones, el monto total propuesto para el Estado aumenta en términos reales.

El recorte al programa de cuidado de niños vulnerados

Uno de los ajustes que ha generado preocupación afecta al sistema de protección especializada de la infancia.

Una investigación de CIPER publicada el 7 de octubre detectó una disminución de $16.879 millones en el financiamiento de Cuidado Alternativo.

Esta línea de atención está dirigida a niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos que han debido ser separados de sus familias de origen por resolución de un tribunal.

De acuerdo con el reportaje, sus recursos pasarían de aproximadamente $177 mil millones en 2026 a $160 mil millones en 2027, una disminución cercana al 10%.

El dato resulta especialmente relevante porque la iniciativa contaba con una evaluación favorable de la propia Dipres.

CIPER también constató que, paralelamente, se contemplan aumentos de recursos para otras prestaciones ejecutadas por organismos colaboradores y municipalidades.

Por ello, una evaluación integral requiere considerar tanto las disminuciones como las reasignaciones dentro del sistema de protección.

Presupuesto 2027: Ley Ricarte Soto enfrenta una rebaja cercana al 14%

Otro de los puntos más discutidos corresponde al financiamiento del sistema de protección para diagnósticos y tratamientos de alto costo, conocido como Ley Ricarte Soto.

El proyecto considera una disminución cercana a $28 mil millones en términos reales respecto de los recursos de 2026.

Según los antecedentes de Dipres recogidos por BioBioChile, el fondo pasaría de $189.696 millones a $166.951 millones en valores presupuestarios, lo que representa una diferencia nominal de $22.745 millones.

Al incorporar el efecto de la inflación, el ajuste se aproxima a $28 mil millones, equivalente a una rebaja real cercana al 14%.

La distinción entre valores nominales y reales es importante para interpretar correctamente el alcance del recorte.

La Ley Ricarte Soto establece protección financiera para determinados diagnósticos y tratamientos de alto costo, siempre que se cumplan las condiciones definidas legalmente.

Qué pasará con los pacientes de la Ley Ricarte Soto

La ministra de Salud, May Chomali, aseguró que quienes ya están incorporados al sistema mantendrán sus tratamientos y medicamentos garantizados.

La autoridad también indicó que las restricciones presupuestarias afectan las posibilidades de incorporar nuevas patologías al régimen.

Sin embargo, legisladores y organizaciones vinculadas a pacientes han planteado dudas sobre cómo se financiará la continuidad de las prestaciones con una asignación menor.

La discusión fue abordada por Cooperativa, que recogió los cuestionamientos parlamentarios y la respuesta de Salud.

En paralelo, se tramita una iniciativa legislativa que busca ampliar los recursos permanentes para el sistema.

Por ahora, la continuidad anunciada por el Ejecutivo constituye un compromiso de la autoridad, mientras el Congreso revisa las cifras y sus mecanismos de financiamiento.

Las críticas de Marlene Pérez a los recortes sociales

La diputada independiente cercana a la UDI, Marlene Pérez, reconoció la necesidad de utilizar los recursos fiscales de manera eficiente.

No obstante, expresó reparos frente a ajustes que puedan afectar directamente a los hogares que dependen de programas públicos.

“Todos sabemos que existe una estrechez fiscal y que se deben optimizar los recursos y usarlos de manera más eficiente. Pero no soy partidaria de que se eliminen programas sociales ni que se recorten los programas sociales, porque detrás de esos programas hay familias”, afirmó.

Su postura refleja una de las principales tensiones de la discusión: determinar cuáles gastos pueden disminuir sin comprometer prestaciones esenciales.

Zandra Parisi exige protección para las familias vulnerables

La diputada del Partido de la Gente e integrante de la Comisión de Desarrollo Social, Zandra Parisi, también pidió resguardar el impacto social de las decisiones presupuestarias.

La parlamentaria sostuvo que la responsabilidad fiscal debe compatibilizarse con la mantención de apoyos para los grupos más vulnerables.

“Porque una cosa es ordenar las cuentas fiscales y otra muy distinta es hacerlo a costa de las familias chilenas. La responsabilidad fiscal es necesaria, pero jamás puede estar desconectada de la responsabilidad social”, manifestó.

Las observaciones de ambas diputadas se producen mientras las comisiones legislativas comienzan a estudiar los recursos propuestos para cada ministerio.

CAE y Junaeb: los argumentos del Gobierno para reforzar la fiscalización

La revisión presupuestaria también está vinculada con cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

En el caso del Crédito con Aval del Estado (CAE), el Ejecutivo ha planteado preocupación por el costo fiscal asociado a deudas que no se recuperan.

Por otra parte, se investigan presuntas irregularidades en contratos de alimentación de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), particularmente posibles pagos por raciones que no habrían sido entregadas.

Esas investigaciones no permiten concluir, por sí solas, que todos los programas sociales presentan problemas similares.

Tampoco corresponde dar por acreditadas responsabilidades mientras los hechos se encuentren bajo investigación.

El Gobierno sostiene que estos antecedentes respaldan la necesidad de mejorar los controles y revisar la eficiencia del gasto.

Presupuesto 2027: los cambios todavía deben pasar por el Congreso

El proyecto ingresó formalmente al Congreso el 5 de octubre y comenzó su revisión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

En esta etapa, las cinco subcomisiones examinarán las distintas partidas para formular observaciones y propuestas de modificación.

Posteriormente, el debate continuará en la Comisión Especial Mixta y en ambas cámaras.

La información sobre el inicio de esta tramitación está publicada en el sitio oficial del Senado.

De acuerdo con la Constitución, el Congreso dispone de un plazo de 60 días desde la presentación del proyecto para despacharlo. Si no lo hace dentro de ese período, rige el proyecto presentado por el Presidente de la República.

Esto significa que las rebajas actualmente discutidas todavía forman parte de una propuesta y pueden experimentar modificaciones durante la tramitación parlamentaria.

Así, el Presupuesto 2027 enfrenta una discusión decisiva: mientras el Ejecutivo defiende la contención del gasto, el Congreso deberá evaluar los recortes por $793 mil millones detectados en 220 programas y determinar qué cambios son necesarios para resguardar la continuidad de las prestaciones públicas.