¡Alerta roja! Colegio Médico denuncia recorte a la ley que financia tratamientos de alto costo y advierte lo peor

El Colegio Médico cuestionó el recorte a la Ley Ricarte Soto y advirtió riesgos concretos para miles de pacientes de alto costo.

Pacientes en un hospital público chileno, imagen referencial de las enfermedades de alto costo cubiertas por la Ley Ricarte Soto, cuyo presupuesto enfrenta un recorte.

La Ley Ricarte Soto quedó en el centro de la discusión del Presupuesto 2027. El Colegio Médico de Chile cuestionó con dureza el recorte que el Ejecutivo propone para el fondo que cubre diagnósticos y tratamientos de alto costo, y advirtió riesgos concretos para más de 75 mil pacientes.

Ley Ricarte Soto: el recorte que encendió la alerta médica

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso contempla $166.951 millones para el Fondo de Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, frente a los $189.696 millones asignados inicialmente este año. La diferencia supera los $22.700 millones nominales y roza los $28 mil millones en términos reales: una caída cercana al 14%, la primera desde que la ley se promulgó en 2015.

La presidenta del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico, Francisca Crispi, planteó el problema central en Radio Bío Bío: en agosto de 2026 ya se había ejecutado prácticamente todo el presupuesto anual, es decir, un monto mayor que el que el Ejecutivo propone para 2027.

“Eso es preocupante, fragiliza la atención de los pacientes de estas 27 patologías que hoy están cubiertas por esta ley, que tienen enfermedades y que sus vidas dependen de estas coberturas”, señaló Crispi.

Y fue directa contra la respuesta del Gobierno: “Salud no puede vivir de promesas; los pacientes de la Ley Ricarte Soto tienen que vivir de la certeza de que hay un presupuesto suficiente para cubrir el acceso a sus enfermedades”. Agregó que “la lógica de tener presupuestos insuficientes nos ha hecho muy mal al sector: genera deuda e incertidumbre”.

La respuesta de la ministra Chomali

La ministra de Salud, May Chomali, salió al paso de las críticas con una garantía: “tenemos que cumplir la ley”. Su argumento es que la cobertura no es discrecional: los pacientes que cumplen los requisitos tienen derechos garantizados y seguirán recibiendo sus tratamientos, incluidos los nuevos diagnosticados.

Pero la propia secretaria de Estado reconoció un límite: mientras no se modifique el sistema de financiamiento, no hay condiciones para ampliar la cobertura a nuevas patologías. Las 27 enfermedades cubiertas hoy —entre ellas ciertos cánceres, esclerosis múltiple, ELA y enfermedad de Crohn— seguirían siendo el techo.

“En vez de reducir este presupuesto, deberíamos ampliarlo”

Crispi planteó que la discusión debiera ir en sentido contrario: “En vez de reducir este presupuesto, deberíamos ampliarlo”. Y respaldó la proyección con datos del propio sector: “Sabemos perfectamente los pacientes que van a necesitar esta ley y la proyección se puede hacer y se hace desde el sector. Sabemos que los pacientes han ido aumentando”.

También apuntó contra el Ministerio de Hacienda: “Hay un ministro de Hacienda que nos dice que ‘salud puede funcionar con menos recursos’, y eso, en el caso de la Ley Ricarte Soto, es totalmente falso”.

Consultada sobre dónde mejorar la ejecución, la titular del Colmed Santiago apuntó a la gestión: “La principal ineficiencia de la salud pública es el no contar con una digitalización acorde para poder hacer un uso eficiente de los recursos”.

Ley Ricarte Soto: qué sigue en el Congreso

La advertencia médica ya encontró eco parlamentario. Legisladores de distintas bancadas pidieron garantías de continuidad para los tratamientos y el ingreso de nuevos beneficiarios, y el Colegio Médico llamó formalmente al Congreso a reponer los montos en la tramitación del Presupuesto.

La ley nació en 2015, impulsada por la historia de Ricarte Soto, un profesor que debió endeudarse para costear un medicamento contra el cáncer. Once años después, su fondo enfrenta su primer recorte. Y la discusión recién comienza: la Ley Ricarte Soto se debatirá en el Congreso durante las próximas semanas, con la palabra final en manos de los legisladores.