“Si hubo delito, que respondan con su patrimonio”: Cicardini y Manouchehri presentan denuncia penal por las pérdidas de las AFP
Denuncia penal por pérdidas de las AFP: Cicardini y Manouchehri exigen investigar responsables y eventuales delitos.
Una denuncia penal por pérdidas de las AFP fue presentada ante la Fiscalía Nacional por la senadora Daniella Cicardini y el diputado Daniel Manouchehri, ambos del Partido Socialista. Los parlamentarios buscan que se investigue una eventual administración desleal de los ahorros previsionales, luego de conocerse millonarias valorizaciones negativas en operaciones con derivados financieros.
La acción judicial apunta a esclarecer quiénes tomaron las decisiones de inversión, si existieron advertencias que fueron desatendidas y si las administradoras privilegiaron intereses propios por sobre los de sus afiliados.
Denuncia penal por pérdidas de las AFP: Manouchehri exige investigar a los responsables
La presentación se realizó el viernes 16 de octubre, después de que una investigación de Bloomberg sobre las inversiones previsionales chilenas revelara valorizaciones negativas cercanas a los US$7.700 millones en contratos vinculados a las tasas de interés de Estados Unidos.
Tras presentar la denuncia, Manouchehri cuestionó las decisiones adoptadas por las administradoras.
“Las AFP apostaron con la plata de la jubilación de los chilenos y perdieron 7.700 millones de dólares. Mientras los trabajadores ven cómo se pierde plata, las AFP se forran”, declaró.
El diputado sostuvo que la investigación debe determinar quiénes autorizaron las operaciones, qué criterios se utilizaron para evaluar sus riesgos y si corresponde establecer responsabilidades penales.
Además, planteó que, si se acredita un delito, los responsables deberían responder con su propio patrimonio.
Esta última exigencia forma parte de la posición expresada por el parlamentario y no representa una medida de reparación que ya haya sido ordenada por un tribunal.
“No para usarla como fichas de casino”: la crítica de Daniella Cicardini
La senadora Daniella Cicardini también cuestionó la exposición de los ahorros previsionales a estas operaciones financieras.
“Las AFP cobran por administrar una plata que no les pertenece. No para usarla como fichas de casino. Están apostando con años de trabajo y sacrificio de millones de chilenos”, afirmó.
La parlamentaria apuntó especialmente a las advertencias que, según los antecedentes conocidos, habrían recibido algunas administradoras sobre los riesgos de mantener estas posiciones.
De acuerdo con la investigación periodística, ejecutivos del sector previsional habrían solicitado límites para estas operaciones ante la preocupación por su creciente exposición.
Sin embargo, establecer si las decisiones se mantuvieron pese a advertencias específicas, y si eso implicó una infracción, es precisamente parte de lo que deberá examinar el Ministerio Público.
¿Qué es la administración desleal que piden investigar?
La denuncia plantea la posibilidad de que las decisiones financieras hayan perjudicado los intereses de los afiliados y favorecido, eventualmente, objetivos distintos de la adecuada administración de los fondos.
Un antecedente relevante es el Decreto Ley 3.500, que regula el sistema de pensiones.
Su artículo 45 establece que las inversiones de los fondos previsionales deben perseguir una rentabilidad y seguridad adecuadas. Por su parte, el artículo 147 obliga a las administradoras a realizar las gestiones necesarias para resguardar esos objetivos y atender al interés de los fondos.
Estas obligaciones serán relevantes para evaluar las circunstancias de las operaciones cuestionadas.
No obstante, una pérdida financiera no constituye automáticamente un delito de administración desleal. Para establecer responsabilidades penales deben acreditarse los elementos exigidos por la legislación, incluidos los hechos concretos y la intervención de las personas eventualmente involucradas.
¿Qué pasará ahora con la denuncia de Cicardini y Manouchehri?
La Fiscalía Nacional confirmó la recepción de las denuncias relacionadas con estas operaciones y señaló que se les dará la tramitación correspondiente.
Con ello se abre una etapa en la que el Ministerio Público deberá evaluar los antecedentes y determinar las diligencias que procedan.
Entre los aspectos que los parlamentarios solicitan esclarecer están las decisiones de los ejecutivos, los mecanismos internos de control y la eventual responsabilidad de las administradoras.
También será necesario distinguir las valorizaciones negativas de los contratos de las pérdidas efectivamente realizadas. El monto de US$7.700 millones corresponde a una estimación de posiciones financieras en un momento determinado, cuyo valor puede variar según las condiciones del mercado.
Por ahora, la denuncia penal por pérdidas de las AFP traslada la controversia al ámbito judicial, aunque todavía no existe una determinación de delitos ni de responsabilidades individuales. La atención estará puesta en las decisiones que adopte la Fiscalía y en las explicaciones que puedan entregar las administradoras involucradas.
