Condenados por secuestro y brutales tormentos: impacto tras revelarse quiénes son los dos reos de Punta Peuco que ya están en libertad

Revelan las identidades de los dos exuniformados de Punta Peuco condenados por secuestro y tormentos que salieron libres tras recibir una rebaja de condena.

Exterior del penal de Punta Peuco tras revelarse los nombres de dos condenados por violaciones a los derechos humanos que recibieron rebaja de condena

Dos exuniformados sentenciados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura abandonaron la cárcel de forma anticipada tras acceder a una rebaja de condena en sus respectivos procesos judiciales. La salida de los internos se concretó mediante decretos administrativos visados por el titular del Ministerio de Justicia, Fernando Rabat, lo que les permitió restar entre ocho y nueve meses al tiempo efectivo que debían permanecer tras las rejas.

Los antecedentes de este caso suman un nuevo flanco de presión política para el Ejecutivo, al confirmar que el beneficio penitenciario alcanzó directamente a reclusos que cumplían sentencias ejecutoriadas en el penal de Punta Peuco antes del vencimiento original de sus castigos.

Las identidades y delitos de los exuniformados beneficiados en Punta Peuco

De acuerdo con la información revelada por Radio Biobío, los dos internos favorecidos con la rebaja de condena corresponden al exfuncionario de Carabineros de Chile Miguel Segundo Arias Navarrete y al exmiembro de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) Manuel del Carmen Cabezas Pérez.

En el primer caso, Arias Navarrete purgaba una sentencia de seis años de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de Justo Segundo Flores Martínez, ilícito perpetrado en 1973. Gracias a una reducción de nueve meses en su castigo, el término de su pena —fijado originalmente para el 14 de diciembre de 2026— se adelantó al 14 de marzo del presente año.

Por su parte, Cabezas Pérez cumplía una sanción de cinco años y un día de cárcel como autor de delitos reiterados de aplicación de tormentos con resultado de lesiones graves en contra de dos prisioneros al interior de la Base Aérea El Bosque. En su expediente, el descuento de ocho meses anticipó el cumplimiento final de la sentencia desde el 28 de noviembre hasta el 28 de marzo de 2026.

La defensa del abogado y la respuesta del Ministerio de Justicia

Frente a la controversia que generó la liberación anticipada de ambos exagentes estatales, el abogado defensor de los dos condenados, Ricardo Bravo Cornejo, respaldó la legalidad de la medida y sostuvo que el descuento responde a la acumulación de meses por calificación de conducta sobresaliente durante su reclusión.

“No se trata de defender los delitos cometidos, sino de defender la aplicación de la ley”, afirmó el jurista al citado medio radial al justificar la procedencia del beneficio.

La divulgación de las identidades de ambos exuniformados se produce en medio de los severos cuestionamientos transversales que enfrenta la cartera de Justicia, luego de que salieran a la luz beneficios similares otorgados tanto a sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad como a responsables de crímenes de lesa humanidad. Ante la magnitud de las críticas, la secretaría de Estado determinó congelar la tramitación de nuevos decretos de esta naturaleza e impulsar modificaciones legislativas.

Las claves del conflicto por las reducciones de tiempo en causas de DD.HH.

El otorgamiento de cada rebaja de condena a internos de Punta Peuco reabrió el debate jurídico sobre el alcance de las facultades administrativas frente a los delitos de lesa humanidad verificados por el Poder Judicial. Los puntos centrales de esta controversia se resumen en tres ejes:

  • Mecanismo de la Ley 19.856: La defensa invoca el sistema legal que premia el comportamiento sobresaliente intracarcelario con descuentos de meses por año cumplido, trámite que se formaliza a través de decretos exentos firmados por el ministro del ramo.
  • Estándares internacionales en pugna: Agrupaciones de derechos humanos y parlamentarios cuestionan que una vía administrativa reduzca penas en crímenes contra la humanidad, donde los tratados internacionales exigen un cumplimiento proporcional y efectivo.
  • Freno administrativo en La Moneda: La decisión del Gobierno de suspender la firma de estos documentos busca contener el costo político mientras se discuten en el Congreso mayores restricciones al catálogo de delitos excluidos.

De esta manera, la confirmación de los nombres y prontuarios de los dos exuniformados excarcelados en marzo profundiza el escrutinio sobre las resoluciones visadas por el ministro Fernando Rabat. A la espera de los proyectos de ley anunciados por el Ejecutivo, el debate político continúa centrado en los alcances y filtros del sistema de rebaja de condena en el país.