¡Le salió el tiro por la culata! Destapan el grave error con que el ministro Rabat intentó culpar a Boric y arrastró a diputados oficialistas

Fernando Rabat enfrenta una nueva controversia luego de que se detectara una diferencia fundamental en los antecedentes que utilizó para defender las polémicas rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Durante una sesión de la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia presentó un decreto firmado bajo el gobierno de Gabriel Boric para cuestionar a la administración anterior. Sin embargo, una investigación periodística reveló que el caso no era comparable con los beneficios actualmente cuestionados.

Fernando Rabat utilizó un caso diferente para defender las rebajas de condenas

La controversia comenzó cuando el secretario de Estado exhibió un decreto firmado el 1 de julio de 2025 por el entonces subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz.

El documento autorizaba una rebaja de seis meses de condena a una persona sentenciada por violación, sin que existiera una orden judicial específica que obligara a conceder el beneficio.

Rabat presentó ese antecedente durante su intervención en el Congreso, en medio de los cuestionamientos por las decisiones adoptadas durante el actual Gobierno.

Sin embargo, la víctima del caso citado por el ministro era una mujer adulta y no una menor de edad, según establecieron las investigaciones de Mega y Radio Bío Bío.

La diferencia resulta fundamental porque la Ley 21.421, publicada en febrero de 2022, estableció restricciones específicas para las rebajas de condenas por determinados delitos sexuales contra menores.

Por lo tanto, el decreto presentado por Rabat no corresponde a la misma categoría de casos que originó la actual controversia.

Diputados oficialistas replicaron información errónea sobre Fernando Rabat

El problema no terminó con la intervención del secretario de Estado. Parlamentarios oficialistas también difundieron afirmaciones equivocadas sobre el decreto del gobierno anterior.

Entre ellos figuraron Agustín Romero y Leandro Kunstmann, quienes sostuvieron que la administración de Boric había beneficiado a un condenado por violar a una menor de edad.

Sin embargo, esa afirmación resultó incorrecta, porque los antecedentes posteriormente revisados establecieron que la víctima era adulta.

La información también había sido difundida inicialmente por Mega, medio que posteriormente corrigió el dato tras una nueva revisión documental.

La situación generó nuevas críticas desde la oposición, que cuestionó el uso de información imprecisa durante una discusión parlamentaria de especial sensibilidad.

La investigación que complica la defensa de Fernando Rabat

Otro antecedente relevante surgió de una investigación original de Radio Bío Bío, que revisó los antecedentes judiciales de 33 personas beneficiadas con rebajas de condena.

El análisis encontró que solamente uno de esos casos tenía una orden judicial expresa para conceder el beneficio.

En otras 15 situaciones existieron resoluciones judiciales, pero estas ordenaban corregir aspectos del procedimiento o revisar nuevamente las solicitudes.

Es decir, los tribunales no exigieron al Ministerio de Justicia aprobar las rebajas en esos 15 casos.

La distinción resulta relevante porque Rabat ha defendido las decisiones de su cartera mediante referencias a interpretaciones y resoluciones judiciales anteriores.

Sin embargo, la existencia de un recurso judicial no significa necesariamente que un tribunal haya ordenado reducir una condena.

¿Qué pasará con Fernando Rabat tras la nueva controversia?

La polémica ocurre mientras la oposición impulsa una acusación constitucional contra el ministro de Justicia.

En paralelo, el Gobierno reconoció errores políticos y humanos en el manejo de la controversia, aunque mantiene su respaldo al secretario de Estado.

El pasado 23 de octubre, el Ministerio de Justicia anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condenas y medidas legislativas para modificar el procedimiento.

Por ahora, Fernando Rabat continúa enfrentando cuestionamientos sobre los criterios utilizados por su cartera y la información presentada ante el Congreso.

El siguiente paso será conocer el avance de la acusación constitucional y las explicaciones que entregue el Ejecutivo sobre las diferencias detectadas en los antecedentes.