“Menos mal que no iban a tratar a los delincuentes con amor”: revelan que el Gobierno rebajó condenas a 115 narcos extranjeros
José Antonio Kast y el ministro Fernando Rabat enfrentan duras críticas tras revelarse nuevas rebajas de condenas en Justicia.
José Antonio Kast enfrenta una intensa tormenta política tras conocerse nuevos antecedentes sobre reducciones de condenas firmadas durante su administración. La revelación sobre estos beneficios carcelarios desató inmediatas críticas desde el mundo parlamentario y el ámbito jurídico contra La Moneda.
El cuestionamiento apunta directamente a los decretos visados por el Ministerio de Justicia, cartera que dirige el ministro Fernando Rabat y quien mantiene un enérgico respaldo del mandatario. Este nuevo episodio se suma a las recientes controversias por rebajas otorgadas a violadores de niños, condenados por violaciones a los derechos humanos y extorsionadores venezolanos.
Los decretos del Gobierno de José Antonio Kast y los casos en la frontera
Una investigación del medio Interferencia identificó que la cartera de Justicia benefició con rebajas de penas a por lo menos 115 ciudadanos extranjeros condenados por tráfico de drogas. Para cursar estas solicitudes, la secretaría de Estado aplicó el mismo criterio administrativo que favoreció previamente a 56 abusadores y violadores de menores.
En la práctica, las peticiones de los internos no pasaron por los tribunales de justicia, ya que la autoridad del Ejecutivo solo citó fallos anteriores para conceder las reducciones. Dentro de los 115 expedientes figuran 13 traficantes capturados en la frontera norte o en controles de ruta: ocho ciudadanos bolivianos, tres venezolanos, un colombiano y una argentina.
Entre los casos expuestos destaca el expediente del ciudadano boliviano Jhoel Ramos Antesana. El sujeto cumplía una condena de cinco años de presidio por trasladar casi una tonelada de marihuana, cerca de 200 kilos de cocaína y 25 kilos de pasta base.
La ofensiva opositora en el Congreso tras las rebajas de penas
La publicación de esta nómina agravó la situación política del ministro Rabat y activó una dura ofensiva opositora en la Cámara de Diputadas y Diputados. El parlamentario socialista Daniel Manouchehri apuntó directamente a la responsabilidad del jefe de Estado: “Kast es el responsable de estas decisiones propederastas y pronarcos (…) Si estos delincuentes vuelven a atacar a la gente, Kast tendrá que responder ante Chile”.
En la misma línea, desde el Senado surgieron reproches que contrastaron estos decretos con las promesas electorales del mandatario en materia de seguridad pública. El legislador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, manifestó: “Los mismos narcos que el presidente decía en campaña que no trataría con amor, hoy gozan del beneficio de la rebaja de penas y están en libertad en nuestras calles. ¿Esta era la mano dura?“.
A esos cuestionamientos en la Cámara Alta se sumó la senadora independiente Fabiola Campillai, quien ironizó sobre la postura del Ejecutivo frente al crimen organizado: “Menos mal que no iban a tratar a los delincuentes con amor”.
El análisis jurídico y el escenario que enfrenta José Antonio Kast
Desde el ámbito jurídico y penal, el exfiscal Carlos Gajardo también advirtió el costo que este proceso administrativo conlleva para La Moneda. “Revisión de decretos de rebaja de penas es un desangre permanente para el gobierno (…) Cuesta explicar a la ciudadanía tanta clemencia en delitos graves”, sostuvo el abogado.
En concreto, el nuevo flanco que complica al oficialismo en materia de seguridad se resume en tres ejes principales:
- Criterio administrativo directo: el Ministerio de Justicia visó reducciones para al menos 115 narcotraficantes extranjeros citando jurisprudencia previa y sin pasar por tribunales.
- Cargamentos e ingresos fronterizos: el listado incluye a 13 detenidos en rutas del norte y a un condenado por transportar más de una tonelada de diversas drogas.
- Cuestionamiento transversal: legisladores y expertos penales reprocharon la contradicción entre los beneficios carcelarios y el discurso de mano dura del Ejecutivo.
Por ahora, la presión parlamentaria continúa en aumento mientras el Gobierno de Chile evalúa cómo contener el desgaste de la cartera de Justicia. El avance de las acciones fiscalizadoras en el Congreso marcará los próximos días para la administración de José Antonio Kast.