En cuanto a los funcionarios del sector público, también eran contemplados como beneficiarios, siempre que trabajen en cargos de planta o a contrata, o sean asistentes o profesionales de la educación pública.
“La enfermedad mal tratada causó en el bebé una obstrucción en los intestinos que empezó a generar su destrucción y sepsis”, plantea la querella. Lamentablemente, el pequeño no resistiría y apenas viviría 45 días, falleciendo el pasado 21 de julio de 2018.
