En respuesta, las empresas afectadas han cuestionado la medida, Carlos Baeza, abogado asesor de Betsson, Betano, Coolbet y Latamwin, argumenta que el oficio es improcedente.
Las casas de apuestas han reaccionado ante la instrucción del Ministerio de Justicia que les ordena a la ANFP poner fin a su relación comercial con la industria a cambio de importantes ingresos. Consideran que esta medida les perjudica y discuten su validez.
Esta cuestión ha generado controversia en varios niveles. Por ejemplo, en la última sesión de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados y Diputadas, el diputado Marco Antonio Sulantay solicitó al ministro Luis Cordero aclarar una prestación de servicios profesionales como abogados a la Asociación de Casinos. Sulantay es el principal promotor del proyecto de ley que busca prohibir la relación entre las casas de apuestas y el fútbol.
En respuesta, las empresas afectadas han cuestionado la medida, Carlos Baeza, abogado asesor de Betsson, Betano, Coolbet y Latamwin, argumenta que el oficio es improcedente. “Es evidentemente ilegal e inconstitucional, tanto por razones de fondo como de forma”, afirma.
“De fondo, porque se equivocan al mencionar la ilegalidad de la operación de las plataformas de apuestas en línea en Chile y la publicidad de estas. Y de forma, porque las facultades que la ley le otorga al Ministerio de Justicia en ningún caso y bajo ninguna circunstancia le permite instruir dejar sin efecto contratos. Esta facultad recae exclusivamente en los tribunales de justicia y, por esta razón, este oficio es ilegal e inconstitucional y atenta contra lo señalado en el artículo 19 Nºs3,15 y 76 de la Constitución”, profundizó.
“Es totalmente equivocada, y nos parece muy delicado este error del Ministerio de Justicia”, sostiene, apuntando: “Es legal”.
Desde la perspectiva de la industria que representa, Baeza argumenta la legitimidad del negocio. “La operación de las plataformas de apuesta en línea en Chile es absolutamente legal y no existe ninguna norma que prohíba su operación ni menos la firma de los contratos de publicidad. No hay ninguna irregularidad en esos contratos”.
“Se refleja claramente en las posturas de los congresistas, quienes tienen diferentes opiniones en torno a la legalidad de las plataformas, tema que se discutió ampliamente en la Comisión de Economía esta semana, donde incluso se recalcó que no se ha acompañado a dicha comisión informe alguno que respalde la postura de la ilegalidad. En nuestro caso, existen informes en derecho de Arturo Fermandois y Javier Couso que confirman la legalidad de nuestra operación”, asegura.
“En lo que sí hay un consenso transversal es sobre la necesidad de regular la industria para generar un mercado transparente, competitivo, que proteja al usuario y que genere ingresos para el Estado”, cerró.