Las diferencias y desacuerdos entre las autoridades del gobierno provincial y municipio en Osorno quedaron en evidencia al no concordar en un plan para desalojar un campamento de personas que invadió territorios junto a la ruta al mar.
Si bien se llegó a un acuerdo que depuso nuevas ordenes de retiro de asentamientos desde terrenos municipales, no hubo voluntad de trabajo en conjunto.
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El gobernador Daniel Lilayu señaló que se solicitó al municipio el desalojo, pero quien autoriza es el gobierno provincial, el cual “nunca dio la orden” en su opinión. “Yo tendría entonces más poder que el alcalde”, argumentó.
Por otra parte y sin ahondar en la problemática, el alcalde Jaime Bertin señaló que existe una “mezquindad política” que se ve materializado en lentitud la construcción de viviendas sociales.
