Recorte millonario en Desarrollo Social genera críticas: infancia, pueblos originarios y programas clave entre los afectados.
Un ajuste fiscal de gran magnitud quedó oficializado luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, firmara un decreto que reduce en $32.721 millones el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
La medida, fechada el 24 de abril, impacta directamente a programas orientados a sectores vulnerables, en un contexto marcado por cuestionamientos a los lineamientos de la Dirección de Presupuestos respecto a la reestructuración del gasto público.
Ajuste fiscal en medio de controversia
El recorte se da en paralelo a un debate político generado por instrucciones de la Dipres que plantean la posibilidad de reformular o incluso descontinuar iniciativas estatales.
Interpretaciones contrapuestas
Mientras desde el Ejecutivo se sostiene que se trata de una herramienta técnica para optimizar recursos, distintos sectores han advertido que la medida podría debilitar la red de protección social.
Impacto en programas y servicios
El ajuste no afecta de manera uniforme, pero sí golpea con fuerza a instituciones vinculadas a infancia, juventud y pueblos originarios, según información publicada por La Tercera.
Niñez y adolescencia entre los más afectados
El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia enfrenta la mayor reducción, con más de $12.748 millones menos. A esto se suma una baja de $3.359 millones en la Subsecretaría de la Niñez.
Recursos para pueblos originarios
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena verá disminuidos sus fondos en $7.634 millones, afectando principalmente iniciativas de adquisición de tierras y apoyo comunitario.
Juventud y discapacidad con menor financiamiento
El Instituto Nacional de la Juventud registra una reducción de $3.859 millones, mientras que el Servicio Nacional de la Discapacidad pierde $1.135 millones.
Programa del “ajuar” también impactado
Uno de los puntos más sensibles es la disminución de $1.850 millones destinados al Programa de Apoyo al Recién Nacido, conocido como “ajuar”, clave en el acompañamiento a familias de menores ingresos.
Clima político tensionado
La decisión se da en un escenario de alta tensión política, en parte por la circular emitida por la Dipres que menciona la posibilidad de “descontinuar” ciertos programas.
Debate sobre el alcance de la medida
Desde Hacienda se ha insistido en que este concepto apunta a rediseñar políticas públicas y no a eliminarlas. Sin embargo, la magnitud del recorte ha generado dudas sobre el enfoque del gasto fiscal para este año.
Reacción de los trabajadores fiscales
La respuesta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales no se hizo esperar, cuestionando duramente la medida a través de un pronunciamiento público.
Críticas al decreto
Para el gremio, el Decreto N°331/2026 constituye un “ataque frontal” al rol del Estado y a los derechos de la ciudadanía.
Además, advirtieron que “Se trata de medidas que impactan gravemente la capacidad de nuestros servicios para cumplir su misión con la ciudadanía”.
Cuestionamientos legales y políticos
Desde la organización también se plantearon dudas respecto al mecanismo utilizado para concretar el ajuste.
Advertencias sobre el procedimiento
La ANEF sostuvo que modificar recursos aprobados por ley mediante decreto podría generar una “prevención jurídica y política”.
Asimismo, el gremio interpretó estas decisiones como parte de una estrategia que prioriza la austeridad en el gasto social, en contraste con otras reformas económicas en discusión.
El debate sigue abierto, mientras distintos actores evalúan el impacto que este recorte tendrá en la implementación de políticas públicas clave en el país.