Gobierno ingresa proyecto para subir el sueldo mínimo en dos etapas, sin acuerdo con la CUT.
El Ministerio de Hacienda ingresó este lunes al Congreso una iniciativa que busca modificar el salario mínimo, marcando el inicio de su discusión en la Cámara de Diputados. La propuesta introduce un cambio relevante respecto del anuncio inicial: el incremento se aplicará en dos etapas.
El proyecto avanza pese a que no se logró consenso con la Central Unitaria de Trabajadores, organismo que impulsaba un aumento significativamente mayor.
Primer ajuste: incremento desde mayo
De aprobarse la iniciativa, el ingreso mínimo mensual pasaría de $539.000 a $546.546, lo que representa un alza de 1,4%. Este porcentaje se ajusta a la variación acumulada del IPC entre enero y marzo de 2026.
En términos concretos, el incremento será de $7.546 mensuales a partir de mayo, constituyendo el primer tramo del reajuste propuesto por el Ejecutivo.
Segunda alza proyectada para 2027
El diseño del proyecto contempla una segunda actualización en enero de 2027. En ese momento, el salario mínimo se volverá a reajustar según la inflación acumulada entre abril y diciembre de 2026.
De acuerdo con estimaciones del Banco Central de Chile, este segundo aumento podría alcanzar cerca de un 2,6%, lo que llevaría el monto a aproximarse a los $560.000.
Argumentos del Ejecutivo: empleo y estabilidad
Desde el Gobierno fundamentaron la propuesta en el escenario del mercado laboral. Según datos de la Instituto Nacional de Estadísticas, correspondientes al trimestre enero-marzo de 2026, la tasa de desocupación se ubica en 8,9%.
Esta cifra implica que el país acumula 39 meses consecutivos con niveles de desempleo superiores al 8%, situándose entre los más altos dentro de la OCDE.
En ese contexto, el proyecto señala que el objetivo es “mantener el poder adquisitivo de las familias” sin afectar el empleo formal ni comprometer la viabilidad de las pequeñas empresas.
Próximos pasos legislativos
La iniciativa también establece que, a más tardar en junio de 2027, el Presidente de la República deberá enviar un nuevo proyecto de reajuste al Congreso, el cual comenzaría a regir desde el 1 de julio de ese año.
Para esa futura definición, el Ejecutivo deberá considerar la opinión del Consejo Superior Laboral, organismo clave en la discusión de políticas salariales en el país.