El crédito por el empleo quedó bajo revisión tras el nuevo escenario fiscal. ¿Qué cambios analiza ahora el Gobierno?
El crédito por el empleo volvió a instalarse en el centro del debate político luego de que el Gobierno reconociera que el complejo escenario fiscal obligará a revisar parte importante de sus compromisos legislativos. El ajuste aparece en medio de la discusión de la reforma de Reconstrucción Nacional, iniciativa que deberá iniciar una nueva etapa en el Senado durante los próximos días.
Gobierno ajusta estrategia tras alerta por la deuda pública
La presión sobre las finanzas estatales terminó modificando el calendario y las prioridades del Ejecutivo. Todo ocurrió después de que el Ministerio de Hacienda transparentara nuevas proyecciones sobre el nivel de endeudamiento fiscal esperado para los próximos años.
Según explicó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, la situación obligó a evaluar mecanismos para reducir costos o generar mayores ingresos que permitan sostener la tramitación del proyecto sin aumentar aún más la presión presupuestaria.
En conversación con el podcast de La Tercera, la autoridad sostuvo que el nuevo panorama económico estrechó de manera importante el margen de acción del Estado, especialmente luego de conocerse que la deuda pública podría llegar al 46% del Producto Interno Bruto (PIB).
El beneficio que podría sufrir cambios
Uno de los puntos que comenzó a generar preocupación es precisamente el crédito por el empleo, beneficio que actualmente representa un gasto fiscal cercano a los US$ 1.400 millones.
Desde el Ejecutivo reconocen que el costo del programa aparece hoy bajo revisión debido al nuevo contexto macroeconómico. La posibilidad de aplicar recortes o rediseños ya forma parte de las conversaciones internas que acompañarán el avance legislativo del proyecto.
También se revisará la invariabilidad tributaria
El nuevo diseño del Gobierno no solo contempla ajustes al crédito por el empleo. También se estudia modificar la llamada invariabilidad tributaria, uno de los incentivos centrales de la propuesta original.
La fórmula aprobada inicialmente en la Cámara de Diputados consideraba una garantía de 25 años. Sin embargo, ahora el Ejecutivo evalúa reducir ese plazo a 20 años y aumentar los montos mínimos requeridos para acceder al beneficio.
La alternativa ya había sido explorada previamente durante las negociaciones con la Democracia Cristiana, aunque en ese momento no logró prosperar.
El Senado y el rol clave del Partido Socialista
Con la discusión entrando a su segundo trámite constitucional, el Gobierno ya comenzó una ronda de conversaciones con distintos sectores políticos para intentar asegurar respaldo en la Cámara Alta.
Dentro de ese escenario, el Partido Socialista aparece como un actor clave para destrabar la reforma. La colectividad posee actualmente la bancada más numerosa del Senado, transformándose en un aliado estratégico para el Ejecutivo.
En esa línea, José García Ruminot emplazó directamente al PS a respaldar la idea de legislar y facilitar la continuidad del proyecto durante las próximas semanas.
Gobierno fija nuevo horizonte para cerrar acuerdos
Respecto de los tiempos legislativos, el ministro de la Segpres también marcó diferencias con parte del comité político. Mientras algunos personeros habían abierto la puerta a extender el debate más allá de junio, García Ruminot aseguró que fines de julio aparece como un plazo técnicamente razonable para cerrar las negociaciones con la centroizquierda y avanzar hacia una definición final.