Puentes dañados quedaron bajo alerta tras informe de Contraloría que reveló fallas sin reparar y una zona crítica.
Los puentes dañados en distintas zonas del país quedaron bajo la lupa luego de una auditoría de la Contraloría General de la República a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, que advirtió fallas graves de inspección, mantenimiento y control entre enero de 2022 y marzo de 2025.
Puentes dañados: Contraloría detecta fallas críticas en el MOP
El informe fue elaborado por el Departamento de Control Externo de la División de Infraestructura y Regulación de la Contraloría, y expuso una serie de debilidades en la gestión de puentes a cargo de la Dirección de Vialidad.
Según el documento, existen problemas relevantes en los procesos de inspección, en la actualización de registros y en la mantención de estructuras que, pese a presentar deterioros, siguen sin intervenciones oportunas.
Uno de los puntos más sensibles del reporte es que más del 85% de los puentes revisados no cumpliría con los plazos establecidos para su inspección periódica.
Estructuras sin revisión desde 2016
La auditoría también reveló que hay viaductos que no cuentan con revisiones actualizadas desde hace varios años.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Contraloría, algunas estructuras no han sido inspeccionadas desde 2016, lo que dificulta conocer con precisión su condición actual.
Esta falta de información complica la priorización de obras y reparaciones, especialmente en aquellos casos donde podrían existir riesgos para quienes transitan diariamente por esas rutas.
El caso que encendió las alarmas en O’Higgins
Entre los hallazgos más preocupantes aparece un puente ubicado en Lolol, en la Región de O’Higgins.
Según el informe, esta estructura cuenta con un diagnóstico técnico desfavorable y, pese a ello, acumula más de cuatro años sin ser intervenida.
El caso fue destacado como una señal de alerta dentro de la auditoría, debido a la gravedad de su condición y al tiempo transcurrido sin una respuesta correctiva.
Decenas de puentes con daños sin reparar
La Contraloría también advirtió la existencia de decenas de puentes dañados en distintas regiones del país que siguen sin reparación, incluso cuando ya existían informes técnicos negativos.
En algunos casos, los diagnósticos desfavorables datan de 2021 y, hasta la fecha revisada por el órgano fiscalizador, no se habían ejecutado las intervenciones necesarias.
Este escenario evidencia deficiencias en la planificación y en la respuesta institucional frente a deterioros previamente identificados.
Falta de evaluación estructural agrava el riesgo
Otro punto crítico detectado en la auditoría es la presencia de puentes sin evaluación estructural registrada.
La ausencia de estos antecedentes impide determinar con claridad el nivel real de deterioro de algunas obras, lo que afecta la toma de decisiones y puede retrasar trabajos urgentes.
Para la Contraloría, este vacío de información representa un problema relevante, ya que limita la capacidad del MOP para ordenar prioridades y reducir eventuales riesgos para los usuarios.
Las medidas que ordenó Contraloría
Tras revisar los antecedentes, la Contraloría instruyó a la Dirección de Vialidad adoptar medidas correctivas para mejorar el control y la gestión de los puentes bajo su responsabilidad.
Entre las acciones exigidas se encuentra unificar y depurar los sistemas de información, con el objetivo de contar con registros más claros, completos y actualizados.
También se ordenó asegurar el cumplimiento de los plazos de inspección y ejecutar mantenciones oportunas, especialmente en los casos donde existen daños pendientes desde hace años.
Mayor control y respaldo técnico
El órgano fiscalizador además solicitó acreditar las revisiones técnicas realizadas y reforzar los mecanismos de supervisión interna.
A ello se suma la necesidad de respaldar documentalmente la participación de especialistas en los proyectos, para garantizar trazabilidad y control en las decisiones adoptadas.
Con este informe, los puentes dañados quedaron nuevamente en el centro del debate público, en medio de cuestionamientos a la capacidad del Estado para detectar, registrar y reparar a tiempo infraestructura clave para la seguridad vial.