El Registro de Vándalos volvió a instalarse en el centro del debate luego de que el Gobierno de José Antonio Kast ingresara al Congreso el proyecto que busca crear una base nacional para personas condenadas por determinadas faltas, delitos e incivilidades.

Registro de Vándalos: el proyecto que ingresó el Gobierno al Congreso

La iniciativa fue presentada este lunes por el Ejecutivo y lleva por nombre “Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades”. Según el texto ingresado al Parlamento, la nómina quedaría bajo administración del Registro Civil.

El objetivo del proyecto es incorporar a quienes sean condenados por alguna de las 33 conductas descritas en la propuesta, las que van desde acciones consideradas incivilidades hasta delitos de alta gravedad.

Entre los hechos incluidos aparecen botar escombros sin autorización, realizar rayados no permitidos, interrumpir el tránsito, beber alcohol en la vía pública y, en el extremo más grave, delitos como el homicidio de un carabinero o de un fiscal.

La falta cotidiana que podría activar duras consecuencias

Uno de los puntos que más llamó la atención es que el listado no solo contempla delitos violentos o daños severos, sino también conductas habituales en espacios públicos.

En esa línea, el Registro de Vándalos considera acciones como consumir alcohol en la calle o realizar rayados sin permiso, situaciones que podrían derivar en consecuencias adicionales si existe una condena judicial.

De acuerdo con lo reportado por La Tercera, el ingreso a esta base de datos implicaría sanciones temporales que se sumarían a las penas o medidas que ya determine la justicia.

Las sanciones que contempla el Registro de Vándalos

El proyecto establece una serie de restricciones para quienes ingresen al Registro de Vándalos. Entre ellas se incluyen limitaciones para acceder a programas habitacionales, subsidios, becas, beneficios culturales y otros aportes estatales.

La propuesta también considera la revocación de permisos precarios o concesiones, además de restricciones para postular a fondos públicos vinculados a cultura, investigación o innovación.

Otra de las medidas apunta directamente al transporte: quienes estén en el registro podrían quedar inhabilitados para usar pases, tarjetas o dispositivos que permitan acceder a tarifas rebajadas, como la Tarjeta Nacional Estudiantil o el beneficio para adultos mayores.

Licencia de conducir, pasaporte y devolución de impuestos

Dentro del paquete de sanciones también aparece la prohibición de obtener o renovar la licencia de conducir. En caso de que la persona ya cuente con una, esta podría ser suspendida mientras dure la permanencia en el registro.

Además, el proyecto contempla la prohibición de obtener o renovar el pasaporte, la retención de la devolución anual del impuesto a la renta y la suspensión de rebajas o beneficios asociados al pago de derechos de aseo domiciliario.

La iniciativa también abre la puerta a restricciones para asistir a espectáculos masivos, partidos de fútbol profesional o ingresar a casinos de juego.

Beneficios sociales bajo la lupa: PGU y gratuidad

Uno de los apartados más sensibles del proyecto apunta a la eventual pérdida o prohibición de acceso a beneficios como la gratuidad en educación superior y la Pensión Garantizada Universal, conocida como PGU.

Sin embargo, esa sanción estaría reservada para 14 conductas calificadas como especialmente graves y que constituyen delitos.

Entre ellas se mencionan homicidio o lesiones gravísimas contra fiscales o defensores públicos, ataques graves contra carabineros, retención o toma de control de vehículos de transporte público, lesiones gravísimas a funcionarios de salud o educación, usurpación violenta, incendios graves, uso de bombas o artefactos explosivos, carreras no autorizadas con resultado de muerte o lesiones graves, tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita.

Cuánto tiempo duraría la inscripción en el registro

El proyecto diferencia los plazos según la gravedad de la conducta. En los casos más graves, las sanciones podrían extenderse por cinco años.

Si la persona condenada es menor de edad, el plazo bajaría a dos años. En tanto, para las incivilidades, la permanencia en el Registro de Vándalos sería de un año.

La propuesta también considera aumentos en los períodos de sanción cuando exista reincidencia, lo que podría prolongar la permanencia de una persona dentro de la base administrada por el Registro Civil.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Una iniciativa que ahora deberá discutirse en el Congreso

Con su ingreso al Parlamento, el Registro de Vándalos inicia su tramitación legislativa y deberá ser revisado por las comisiones correspondientes antes de avanzar en el Congreso.

La discusión promete concentrarse en el alcance de las sanciones, el tipo de conductas incluidas y los efectos concretos que tendría la pérdida temporal de beneficios estatales.

Por ahora, el proyecto ya abrió debate por una de sus aristas más llamativas: algunas faltas cometidas en la vía pública podrían terminar afectando la licencia de conducir, subsidios, becas o incluso el acceso a prestaciones sociales.