Escuelas Protegidas sufrió un revés en el TC: cayeron cuatro normas clave. ¿Qué medidas quedaron fuera?
El proyecto Escuelas Protegidas, una de las principales apuestas del Gobierno de José Antonio Kast para abordar la violencia en los establecimientos, sufrió un revés luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucionales cuatro de sus disposiciones más discutidas.
Las normas de Escuelas Protegidas que el TC dejó fuera
La resolución se conoció durante la noche del martes, después de los requerimientos presentados por parlamentarios de oposición y de la Democracia Cristiana. El tribunal objetó artículos vinculados a controles policiales, sanciones por hechos de violencia y el acceso a beneficios estudiantiles.
Entre las medidas que quedaron fuera aparece la obligación de informar a las policías cuando un estudiante se negara a una revisión de mochila. También se descartó la facultad de Carabineros o la PDI para registrar vestimentas y pertenencias de alumnos sin una orden de fiscal.
El fallo además alcanzó disposiciones relacionadas con sanciones por acciones que alteraran o interrumpieran el desarrollo de clases, junto con la norma que impedía acceder a la gratuidad en educación superior a estudiantes condenados por delitos graves.
Un revés para una de las iniciativas del Ejecutivo
El Gobierno había presentado Escuelas Protegidas como una herramienta para reforzar la seguridad y entregar nuevas facultades a las comunidades educativas frente a episodios graves de violencia.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados el 2 de junio, con 105 votos a favor y 46 en contra, quedando en condiciones de convertirse en ley antes de la revisión constitucional.
La decisión del TC afecta varios de los elementos que concentraron el mayor debate político durante la tramitación, especialmente las normas vinculadas con revisión de mochilas, controles de identificación y restricciones a beneficios estatales.
Oposición valoró la resolución
Tras conocerse el fallo, parlamentarios de oposición destacaron que el tribunal acogiera parte de sus cuestionamientos. Desde el oficialismo, en tanto, surgieron anuncios para buscar fórmulas que permitan reponer al menos una de las disposiciones invalidadas.
La bancada de la UDI informó que evalúa impulsar una reforma constitucional enfocada en la restricción de gratuidad para personas condenadas por delitos graves, materia que quedó fuera del proyecto tras la resolución del TC.
Gobierno apunta a las herramientas que permanecen vigentes
La ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo previamente que el proyecto buscaba fortalecer la convivencia escolar y entregar mecanismos de respuesta ante hechos graves registrados dentro de los recintos educacionales.
Pese a que cuatro disposiciones quedaron invalidadas, el Ejecutivo ha planteado que la iniciativa conserva otras normas destinadas a reforzar la actuación de docentes y establecimientos ante situaciones de violencia.
El alcance definitivo de la sentencia dependerá de sus fundamentos completos y de las decisiones legislativas que adopte el Gobierno para responder a los artículos descartados por el Tribunal Constitucional.