Una ampliación de querella acusa graves abusos y pide investigar nuevos delitos vinculados a la Comunidad Cahuala
Una nueva acción judicial presentada ante el Juzgado de Garantía de Castro acusa que la denominada Comunidad Cahuala habría funcionado durante décadas como una presunta secta dedicada a captar personas vulnerables y someterlas a distintas formas de control y explotación.
Exintegrantes piden ampliar investigación iniciada en 2019
La ampliación de querella fue interpuesta por María Jesús Carrascosa y Alfredo Urrutia, quienes permanecieron cerca de 15 años vinculados a la organización.
Ambos buscan que la causa abierta en 2019 incorpore los eventuales delitos de trata de personas y asociación para cometer ese ilícito.
De acuerdo con el escrito, durante su permanencia en la comunidad habrían sufrido aislamiento de sus familias, manipulación psicológica y una estricta supervisión sobre diferentes ámbitos de sus vidas.
Denuncian trabajos sin sueldo en empresas vinculadas
Los querellantes también sostienen que realizaron labores sin recibir remuneración en distintas entidades relacionadas con la Comunidad Cahuala.
Entre las organizaciones mencionadas figuran un establecimiento educacional, compañías agrícolas, una consultora y un centro terapéutico.
Según la acusación, este sistema habría afectado tanto el desarrollo profesional de los exintegrantes como su situación patrimonial.
Mujer acusa explotación sexual por parte del líder
La presentación judicial incluye además el testimonio de María Jesús Carrascosa, quien acusa haber sido víctima de explotación sexual por parte del supuesto líder del grupo, Enrique Urrutia.
Según su relato, el hombre habría ejercido un control absoluto sobre la vida afectiva y sexual de quienes integraban la comunidad.
La denunciante sostiene que esa situación se habría producido aprovechando la dependencia psicológica que él presuntamente generó sobre ella. Estos antecedentes fueron consignados por Radio Bío-Bío.
Denunciantes aseguran arrastrar graves secuelas
Carrascosa y Alfredo Urrutia abandonaron la comunidad en 2015 y posteriormente se trasladaron a España.
Pese al tiempo transcurrido, afirman que continúan enfrentando importantes consecuencias psicológicas derivadas de su experiencia dentro de la organización.
También aseguran que su paso por la comunidad perjudicó sus carreras profesionales y provocó pérdidas económicas.
Solicitan nuevas diligencias y formalizaciones
Con la incorporación de estos antecedentes, la defensa pidió al Ministerio Público ampliar las líneas investigativas y realizar nuevas diligencias.
Asimismo, busca que se avance hacia la formalización de los eventuales responsables y se esclarezca si existió una estructura destinada a captar, controlar y explotar a integrantes de la Comunidad Cahuala.