Un informe de Contraloría expuso dobles contratos, millones en boletas a particulares y pagos en exceso al interior de Carabineros.
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Una serie de anomalías administrativas al interior de Carabineros quedó en evidencia tras una reciente fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR). El examen se centró en la contratación y supervisión de los funcionarios que ejercen como oficiales de justicia de la policía uniformada, a través del informe INVE N° 540 de 2025, que analizó el accionar de la Dirección Nacional de Personal durante el período 2024.
El hallazgo principal: 36 funcionarios con dos contratos simultáneos
Del universo de 144 abogados que se desempeñaban como oficiales de justicia —cuyas remuneraciones sumadas sobrepasaron los $5.540 millones durante 2024—, la CGR determinó que 36 de ellos mantenían en paralelo un segundo contrato adicional por resolución (CPR) de 22 horas semanales, vía por la cual percibieron más de $1.944 millones.
Lo más delicado: el organismo comprobó que estos profesionales ejecutaban exactamente las mismas funciones en ambos contratos, práctica que contraviene la normativa pública. El dictamen N° 13.912 de 2017, emanado de la propia Contraloría, establece que una contratación adicional solo procede cuando las labores son distintas a las del contrato principal.
La instrucción del ente fiscalizador
La CGR ordenó regularizar las designaciones. Si la jornada de 22 horas —definida en 1991— resulta insuficiente, será el General Director de Carabineros quien deberá actualizar el instrumento para satisfacer las necesidades del servicio, considerando que los oficiales están obligados a prolongar su jornada ordinaria cuando la función así lo exija.
Sin registro de asistencia y millonarias boletas a particulares
La auditoría puso al descubierto, además, una grave debilidad en la fiscalización interna: en las inspecciones en terreno se constató que 23 de los 36 funcionarios con doble contrato carecían de registro de asistencia y de sistemas de control horario, lo que impidió verificar si cumplían efectivamente las horas remuneradas con fondos públicos.
El cruce con información tributaria agravó el escenario. La investigación reveló que 5 de esos 36 funcionarios emitieron boletas de honorarios a particulares por más de $43 millones durante 2024. En el plano general, 23 de los 144 oficiales de justicia emitieron boletas por más de $434 millones por actividades ajenas a la institución. Aunque el trabajo privado no constituye por sí solo una infracción, la inexistencia de marcajes imposibilita determinar si esas labores se realizaron fuera del horario institucional, razón por la cual Carabineros fue instruido a implementar mecanismos de control estrictos.
Pagos en exceso: la CGR irá al Juzgado de Cuentas
El documento también alertó sobre pagos excedentes a dos funcionarios, por $9.048.041 y $881.527, respectivamente.
Ante la seriedad del hecho, la Contraloría adelantó que interpondrá las acciones pertinentes ante el Juzgado de Cuentas para exigir la devolución de los dineros mediante un reparo. En paralelo, Carabineros deberá reportar los resultados de la investigación disciplinaria interna, destinada a establecer las responsabilidades administrativas de los involucrados.