Christopher White cuestionó la agenda de seguridad del Gobierno y puso sobre la mesa una medida clave. ¿Por qué sería prioritaria?
Christopher White, alcalde de San Bernardo, cuestionó el orden de prioridades elegido por el Gobierno para enfrentar la delincuencia. Aunque reconoció que una ley contra las barricadas puede discutirse, afirmó que la urgencia debería estar en seguir el dinero de las organizaciones criminales y golpear directamente su estructura financiera.
Christopher White propone levantar el secreto bancario
El jefe comunal abordó los anuncios realizados por el Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad, entre los que se encuentra un proyecto destinado a reforzar las sanciones contra quienes instalen barricadas.
En conversación con Turno AM, de ADN, White sostuvo que esa iniciativa no responde al problema más urgente que enfrentan actualmente los territorios afectados por el narcotráfico y el crimen organizado. A su juicio, el Estado debería priorizar mecanismos que permitan conocer el movimiento de los recursos utilizados por estas agrupaciones.
“La primera línea de prioridad debería ser el levantamiento del secreto bancario si queremos de verdad entrar al crimen organizado”, señaló el alcalde.
Su planteamiento apunta a perseguir las redes financieras que permiten operar a las organizaciones delictuales, en lugar de concentrar la respuesta únicamente en las manifestaciones visibles de la violencia o las alteraciones del orden público.
El reparo a la propuesta contra las barricadas
Christopher White no descartó que las barricadas puedan ser objeto de una discusión legislativa. Sin embargo, consideró que el debate pierde prioridad cuando se compara con la necesidad de identificar el patrimonio, los movimientos de dinero y las operaciones económicas vinculadas con las bandas criminales.
El alcalde planteó que la ofensiva contra el crimen organizado requiere intervenir sus fuentes de financiamiento y no limitarse a aumentar las penas por conductas específicas.
Desde esa perspectiva, su propuesta representa una medida más compleja para el sistema político, ya que obligaría a construir acuerdos legislativos y definir bajo qué condiciones las instituciones podrían acceder a información bancaria durante investigaciones relacionadas con delitos graves.
Alcalde pide abandonar las trincheras políticas
El jefe comunal también hizo un llamado al Ejecutivo para que busque acuerdos amplios en el Congreso antes de impulsar transformaciones relevantes en seguridad.
Según afirmó, la autoridad encargada de conducir esta agenda debe comprender que los cambios estructurales necesitan mayorías parlamentarias y no pueden desarrollarse únicamente desde la posición política del Gobierno.
“El ministro debiese ser capaz de entender que para avanzar en acuerdos tan importantes requiere mayorías y no una trinchera determinada. Las grandes transformaciones requieren llegar a acuerdos”, planteó.
White sostuvo que las diferencias partidarias no deberían impedir la construcción de herramientas efectivas contra el narcotráfico. En su opinión, la magnitud del problema exige coordinación entre el Ejecutivo, los parlamentarios, las policías, las fiscalías y los municipios.
La distancia entre los anuncios y los barrios
Durante la entrevista, Christopher White también cuestionó el optimismo transmitido por el Gobierno respecto de los avances en seguridad.
El alcalde aseguró que ese diagnóstico no coincide necesariamente con lo que viven diariamente habitantes de comunas como San Bernardo, Puente Alto o Cerro Navia, donde existen sectores marcados por la presencia permanente de organizaciones criminales.
“Aquí pareciera que hay un Chile A y un Chile B. En muchos barrios tienen que acostumbrarse a que el que manda no es el Estado de Chile, sino el jefe narco del barrio”, afirmó.
Con esa frase, White apuntó a las desigualdades territoriales en el acceso a seguridad y presencia estatal. Según su análisis, mientras algunos sectores cuentan con mayores niveles de protección, otros conviven con grupos que controlan espacios públicos e imponen sus propias reglas.
El respaldo de White al alcalde de Puente Alto
El jefe comunal también fue consultado por el comentado enfrentamiento entre el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.
White respaldó el fondo de los cuestionamientos formulados por Toledo, quien había manifestado su molestia por la respuesta de las autoridades frente a la crisis de seguridad que afecta a su comuna.
A juicio del alcalde de San Bernardo, su par de Puente Alto “puso en perspectiva lo que la comunidad le hace sentir todos los días”.
El edil explicó que las críticas provenientes de distintos municipios no responden únicamente a disputas políticas. También reflejarían la frustración de alcaldes que reciben diariamente denuncias, solicitudes de ayuda y reclamos de vecinos afectados por delitos violentos.
Municipios exigen mayor coordinación estatal
Para White, las autoridades locales necesitan una relación más directa con el Gobierno, las policías y los organismos responsables de perseguir penalmente a las bandas.
Su intervención puso énfasis en que los municipios conocen de cerca las dinámicas de los barrios, pero no cuentan con todas las atribuciones ni recursos necesarios para enfrentar estructuras delictuales de gran escala.
Por ello, insistió en que una reforma de seguridad debe considerar tanto nuevas sanciones como instrumentos capaces de debilitar el funcionamiento económico del crimen organizado.
La medida que el alcalde considera prioritaria
La principal diferencia planteada por Christopher White no está relacionada con la necesidad de combatir las barricadas, sino con el lugar que esa propuesta ocupa dentro de las urgencias del Gobierno.
Mientras el Ejecutivo busca avanzar en una legislación específica contra esa conducta, el alcalde propone comenzar por una discusión políticamente más compleja: facilitar el acceso a información financiera cuando existan investigaciones vinculadas con organizaciones criminales.
En su análisis, seguir el dinero permitiría llegar a quienes financian, administran y obtienen beneficios de las redes delictuales, incluso cuando no participan directamente en los delitos cometidos en las calles.
El jefe comunal cerró así su intervención con una advertencia sobre la realidad de distintos barrios de la capital: antes de presentar nuevos anuncios, el Estado debe recuperar una presencia efectiva en territorios donde los vecinos sienten que el control quedó en manos del narcotráfico.