Estado de Excepción focalizado: el Gobierno evalúa intervenir 50 barrios críticos. ¿Qué criterios definirán la lista?
El Gobierno analiza la creación de un Estado de Excepción focalizado que permitiría reforzar la presencia policial y desplegar apoyo de las Fuerzas Armadas en sectores específicos con elevados índices de delincuencia. La eventual medida formaría parte del plan de seguridad presentado por el Presidente José Antonio Kast y tendría como objetivo intervenir cerca de 50 barrios considerados críticos.
¿Cómo funcionaría el nuevo Estado de Excepción focalizado?
La propuesta todavía se encuentra en etapa de evaluación y requeriría cambios normativos antes de ser implementada. A diferencia de otros estados de excepción aplicados en zonas más amplias, este mecanismo estaría limitado a determinados barrios o sectores urbanos.
En una entrevista con 24 Horas, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, explicó que el control operativo permanecería en manos de Carabineros, mientras que las Fuerzas Armadas cumplirían funciones de colaboración.
“Se está evaluando establecer un nuevo Estado de Excepción Constitucional, focalizado en determinados sectores o barrios en una ciudad, que estarían bajo el mando, no de las Fuerzas Armadas, sino que de Carabineros con convenios de colaboración de las FF.AA”, señaló el secretario de Estado.
Restricciones temporales y apoyo de las Fuerzas Armadas
El mecanismo podría activarse durante un periodo determinado cuando los antecedentes policiales y territoriales evidencien la necesidad de una intervención más intensa.
Según detalló Alvarado, se trataría de “un Estado de Excepción Constitucional que, de acuerdo a ciertos parámetros o indicadores, señalen que es necesario intervenir de una manera más profunda para combatir a la delincuencia; se pueda establecer por un período de tiempo esa excepción bajo el mando de Carabineros, con apoyo y colaboración de las Fuerzas Armadas y que puedan tomar algunas medidas excepcionales de, por ejemplo, restringir la libertad de movimiento”.
De esta manera, Carabineros dirigiría las operaciones desplegadas en cada territorio, mientras que las instituciones castrenses aportarían personal, capacidades logísticas u otros recursos mediante convenios de cooperación.
Los criterios para seleccionar los 50 barrios
Una de las principales interrogantes es cuáles serán los sectores incluidos en el plan. Aunque la nómina todavía no ha sido divulgada, el Ejecutivo proyecta realizar intervenciones en al menos 50 puntos del país.
El biministro indicó que la identificación se realizará “por indicadores de criminalidad que existen y delincuencia”.
La decisión no dependería únicamente de la percepción de inseguridad de los habitantes. También se revisarían estadísticas sobre delitos, información territorial y antecedentes recopilados por organismos especializados.
“Hay distintas estadísticas que maneja Carabineros, la organización especializada, y se van a elegir criterios para intervenir esos barrios”, afirmó Alvarado.
El trabajo para elaborar el listado estaría siendo coordinado por el Ministerio de Seguridad. Sobre ese proceso, la autoridad agregó: “El ministro (de Seguridad, Martin) Arrau está trabajando en eso (para identificar dichos barrios críticos)”.
¿Cuándo se conocerá la lista?
El Ejecutivo no entregó una fecha concreta para revelar los lugares que podrían quedar sujetos al Estado de Excepción focalizado. Sin embargo, Alvarado anticipó que la información debería comunicarse próximamente.
El propósito, sostuvo, es incrementar la presencia policial en lugares donde los habitantes han debido modificar sus rutinas debido a la delincuencia.
“pronto lo va a anunciar, y la idea es que en esos barrios más peligrosos, donde la gente tiene una sensación de temor más alta y efectivamente tiene que estar encerrada en sus casas y no puede circular libremente por la calle, la idea es que tengan mayor vigilancia policial”, manifestó.
Vigilancia permanente y herramientas tecnológicas
El diseño del plan no contempla operativos policiales esporádicos. La intención del Gobierno es mantener una ocupación territorial prolongada y acompañarla con tecnología que facilite la vigilancia y el control de los espacios públicos.
De acuerdo con el biministro, el despliegue debería ser “de carácter permanente y que existan apoyos tecnológicos que permitan tener un mejor control sobre estos sectores específicos. No se trata de intervenciones aisladas, se trata de intervenciones más profundas, de carácter más permanente que permitan reducir los índices de delincuencia en ese sector”.
El plan de seguridad del Ejecutivo ya ha planteado acciones en calles, fronteras, rutas, cárceles, puertos y territorios afectados por organizaciones delictuales.
La intervención también buscaría incorporar a las comunidades mediante redes de comunicación y cooperación con las policías.
Alvarado argumentó que “el bien superior es precisamente que las familias que viven en esos barrios puedan estar liberadas de la delincuencia. Por lo tanto, hay que tener una mirada positiva respecto a la intervención con medios de distintas naturalezas del Estado en favor de esos vecinos”.
Luego añadió: “Por lo tanto, y se hace también con la colaboración de los propios vecinos, buscando redes de apoyo, colaboración con la policía”.
Gobierno busca ampliar la retención de extranjeros
Junto con el despliegue en barrios críticos, la agenda anunciada por el Ejecutivo contempla modificaciones al procedimiento de expulsión de ciudadanos extranjeros.
La propuesta apunta a extender el tiempo durante el cual una persona puede permanecer en los centros de retención administrados por la Policía de Investigaciones. Actualmente, según explicó Alvarado, el plazo disponible puede resultar insuficiente para completar las diligencias y autorizaciones necesarias.
“el problema que tenemos (actualmente) es que el plazo para materializar la expulsión es de tan solo 5 días”, sostuvo.
La modificación permitiría prolongar la permanencia hasta un máximo de seis meses, aunque la extensión tendría que revisarse periódicamente.
“Muchas veces hay una serie de procedimientos y de autorizaciones que no se logran en ese plazo y hay que liberarlos. Por lo tanto, se establece una norma de que ese plazo se pueda ampliar hasta 180 días, pero en períodos que van de 60 en 60, renovables hasta dos veces”, precisó el biministro.
Tanto la ampliación de los plazos migratorios como la creación del nuevo Estado de Excepción deberán avanzar por los mecanismos legales correspondientes antes de entrar en vigencia. Mientras tanto, permanece pendiente la identificación de los 50 sectores donde el Gobierno pretende concentrar la primera etapa de su estrategia de seguridad.