El Presidente de la República ingresó al Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional para reforzar el combate contra el crimen organizado y el terrorismo. La propuesta legal otorga inéditas facultades directas al jefe de Estado, crea un nuevo régimen de excepción y endurece las sanciones para los condenados.

Declaración de organizaciones criminales y terroristas

La iniciativa introduce una modificación al artículo 32 de la Carta Fundamental para facultar al mandatario a catalogar formalmente a grupos ilícitos. Para concretar esta calificación, el Ejecutivo requerirá un informe previo del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

En este sentido, la Cámara Alta actuará como contrapeso institucional bajo estrictas condiciones:

• Quórum calificado: el Senado deberá ratificar la medida por dos tercios de sus miembros en ejercicio.
• Sesión secreta: la votación se realizará a puertas cerradas en un plazo máximo de cinco días.
• Sin modificaciones: los parlamentarios solo podrán aprobar o rechazar la solicitud en su totalidad. Si no votan en el plazo, quedará rechazada.

Nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública

Asimismo, el texto incorpora el Estado de Excepción de Seguridad Pública con una vigencia inicial de 120 días. El mandatario podrá prorrogarlo una vez por el mismo periodo sin consulta previa, mientras que las siguientes extensiones requerirán el acuerdo del Parlamento.

Bajo este régimen, el control de la zona quedará a cargo de un Oficial General de Carabineros de Chile. Además, la autoridad podrá restringir o suspender garantías fundamentales:

• Libertad de locomoción: límites al desplazamiento en la vía pública.
• Reunión y asociación: restricciones a convocatorias y agrupaciones.
• Privacidad: interceptación y registro de comunicaciones y documentos.
• Propiedad privada: facultad de realizar requisiciones temporales de bienes.

Régimen carcelario e inhabilitaciones perpetuas

Por otro lado, la reforma endurece las condiciones penitenciarias para los sentenciados. Gendarmería de Chile aplicará regímenes de aislamiento estricto, limitando visitas y llamadas para impedir la articulación de bandas desde los recintos penales.

Finalmente, los culpables perderán automáticamente todos los beneficios estatales. De hecho, quedarán vetados por 15 años de recibir ayudas en salud, educación o pensiones tras cumplir su condena, sumado a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.