La última encuesta Pulso Ciudadano muestra un cambio en la evaluación del Presidente Kast tras su mínimo histórico, y mide el pulso ciudadano a la Reforma de Seguridad.
La nueva edición de la encuesta Pulso Ciudadano entregó un respiro al Gobierno: la aprobación del Presidente José Antonio Kast alcanzó un 33,8%, recuperándose del mínimo histórico de 25,6% que marcó a fines de julio, mientras la desaprobación se sitúa en 54,4%.
El repunte de 8,2 puntos porcentuales es la mayor recuperación del mandatario desde que asumió el 11 de marzo, aunque su evaluación sigue en terreno negativo: la desaprobación aún supera en más de 20 puntos al respaldo.
La trayectoria completa: del 47,5% al desplome y el rebote
La serie de Pulso Ciudadano —elaborada por Activa Research— muestra un arco marcado: Kast partió su mandato con 47,5% de aprobación, pero sufrió una abrupta caída a las dos semanas de asumir, en medio de la histórica alza de los combustibles que la Administración decidió no amortizar. Desde entonces navegó entre 28% y 31%, hasta tocar fondo con el 25,6% de la edición anterior, cuando además el 43,2% evaluó como mala o muy mala la gestión gubernamental frente a los temporales.
El rebote actual, sin embargo, debe leerse con perspectiva: otras mediciones de agosto han sido más generosas con el Ejecutivo. Cadem y Criteria han registrado aprobaciones entre 39% y 41% en las últimas semanas, una diferencia habitual entre encuestadoras que conviene considerar al comparar cifras.
Reforma Constitucional de Seguridad: respaldo a las ideas, dudas al proyecto
La encuesta también midió la percepción ciudadana sobre la Reforma Constitucional de Seguridad impulsada por el ministro Martín Arrau. Un 39,2% se declara de acuerdo con lo propuesto, un 29,2% lo rechaza y un 31,6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo — un tercio del país que se transforma en el verdadero campo de batalla político.
Al desagregar las medidas, el respaldo es mucho mayor: la creación de un registro de organizaciones criminales lidera con 68,2% de apoyo, seguida del reconocimiento constitucional de la protección de la seguridad pública frente al crimen organizado (61,3%) y la incorporación de la seguridad pública como deber del Estado (61%).
En el polo opuesto, la medida que genera mayor rechazo es la de suspender libertades y restringir derechos durante el estado de excepción, con un 40,3% de desacuerdo — justo el punto que más resistencias ha provocado en el Congreso, donde incluso la propia base oficialista ha exigido modificaciones al texto.
La paradoja es evidente y ya fue captada por otras encuestas: según Cadem, un 51% de la ciudadanía cree que el Gobierno debería retirar la reforma, buscar acuerdos y presentar ajustes, y solo un 10% apoya avanzar con el proyecto tal como está. Las ideas gustan por separado; el paquete completo, no.
Lo que viene
La reforma de seguridad entra ahora en su fase de tramitación legislativa, con el Ejecutivo mostrándose “muy abierto a hacer cambios” para lograr los quórums —incluida la posibilidad de eliminar la inhabilitación de beneficios sociales tras la condena y discutir la duración del nuevo régimen excepcional, originalmente planteado en hasta 240 días.
Para La Moneda, el rebote en Pulso Ciudadano llega en un momento táctico clave: la delincuencia sigue siendo la principal preocupación ciudadana y la reforma es la apuesta programática central del Gobierno para responderla.