La Fiscalía de Coyhaique volvió a acusar al senador Miguel Ángel Calisto por fraude al Fisco y solicitó su desafuero, luego de que las nuevas diligencias —solicitadas por la propia defensa— terminaran reforzando la tesis del Ministerio Público.

La acusación, presentada este viernes por la Fiscalía Local de Coyhaique con apoyo de la PDI, alcanza a ocho imputados por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, con un perjuicio económico calculado en $103.664.697.

Fiscalía vuelve a acusar al senador Calisto: la estrategia que le salió al revés

La causa ya había avanzado en junio, cuando el Ministerio Público presentó una primera acusación. Sin embargo, la investigación fue reabierta a petición de la defensa del parlamentario para realizar nuevas diligencias y peritajes.

El resultado fue el contrario al esperado: tras completar esas actuaciones, la Fiscalía sostuvo que los antecedentes permitieron corroborar y reforzar su tesis.

Según el organismo, entre 2018 y 2022, cuando Calisto era diputado, se habría concertado con Roland Cárcamo y Carla Graf para obtener recursos públicos mediante un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional. Las supuestas asesorías parlamentarias de Graf, sostiene la acusación, “jamás se realizaron”.

Ni el gabinete ni el chofer pudieron explicar las asesorías

Uno de los puntos más duros del expediente es el testimonio del propio equipo del parlamentario: su jefe de gabinete, su periodista, su secretaria y su chofer en el Congreso no pudieron explicar cómo, cuándo ni de qué forma se habrían prestado los servicios contratados.

Para la Fiscalía, los contratos entre la Cámara de Diputados y Graf constituyeron “un mecanismo fraudulento para obtener dinero de parte del Fisco de Chile”. Los dineros, agrega, fueron destinados al beneficio personal de Graf, de Cárcamo, del entonces diputado Calisto y de terceros vinculados a la Democracia Cristiana.

Desafuero de Calisto: qué viene ahora en la Corte de Puerto Montt

Junto con la acusación, el Ministerio Público solicitó el desafuero del senador ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, instancia que deberá resolver si existen antecedentes suficientes para que la causa avance. Mientras se tramita, queda suspendida la fijación de la audiencia de preparación de juicio oral.

No es la primera vez que los tribunales ven alzas contra el parlamentario: la Corte de Apelaciones de Coyhaique y la Corte Suprema ya habían declarado haber lugar a formación de causa por los mismos hechos, cuando Calisto era diputado. Los procesos se tramitan en tribunales dependientes del Poder Judicial.

El escenario judicial del resto de los principales imputados ya es más severo: Roland Cárcamo permanece en prisión preventiva desde febrero y Carla Graf con arresto domiciliario total. El caso adquiere además relevancia política, considerando que el voto de Calisto —independiente que integra la bancada de Evópoli— es clave en el ajustado equilibrio del Senado.

Se recuerda que, conforme al principio de presunción de inocencia, toda persona imputada es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra dictada por el tribunal competente.