Este jueves en horas de la mañana se conoció que el exjuez español Baltasar Garzón, en compañía de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), a la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED); denunciaron ante el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para que de comienzo a una investigación contra el Presidente Sebastián Piñera por ser presuntamente partícipe en la comisión de crímenes de lesa humanidad; ocurridos desde el estallido social.
En la denuncia también suman a los generales directores de Carabineros y sus altos mandos; a los ministros del Interior y Seguridad Pública, Defensa Nacional y los respectivos subsecretarios; quienes han ocupado dichos cargos desde el mes de octubre de 2019 hasta abril 2021.
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“Hemos decidido recurrir a la Corte Penal Internacional porque las víctimas, sus familiares, la sociedad chilena en su conjunto y toda la humanidad, tienen el derecho y el deber de hacerlo; cuando los órganos y poderes del Estado chileno, han incumplido su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables”; dijo la comisión a través de un comunicado.
“En efecto, los homicidios, la tortura, la tortura sexual, los traumas oculares, mutilaciones y pérdidas de visión, las lesiones graves, las detenciones arbitrarias, cometidas por agentes estatales en contra de miles de habitantes de nuestro país, en el marco de la aplicación de una política de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos; muchas de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, no pueden quedar en la impunidad, según lo establece la normativa internacional de los derechos humanos vigente en Chile; como el Estatuto de Roma, que fuera ratificado por el Estado de Chile, el 29 de junio del año 2009”, agregó.
“Hemos tenido especialmente en cuenta, el grave incumplimiento del Gobierno a las recomendaciones que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); formuló en el mes de diciembre de 2019, al constatar que las políticas represivas ordenadas y consentidas por el Presidente de la República, e implementadas por los generales directores de Carabineros de Chile y sus altos mandos; los ministros del Interior y Seguridad Pública; ministros de Defensa, y subsecretarios respectivos, continúan sistemáticamente dañando gravemente a la población civil, a los habitantes de los sectores más vulnerados, así como a los habitantes del histórico territorio Wallmapu (territorio habitado por el pueblo mapuche), encontrándose demostrado que los ataques a la población civil por parte de los agentes del Estado, desde el mes de octubre de 2019 al mes de abril de 2021, han persistido mediante patrones de conducta apartados de los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos”, continúa el escrito.
