la propuesta constitucional de promover un sistema único y estatal de salud traería “graves consecuencias” para los usuarios, afirman desde la Asociación de Isapres de Chile.
“Más de 3 millones de afiliados a Isapre serán traspasados al Fonasa. Se terminarán sus planes de salud, el modelo de atención que han conocido, y solo optarán a lo que ofrezca el seguro público, en medio de una total incertidumbre sobre cómo se desarrollará esta transformación”, afirman mediante un comunicado.
Asimismo, señalan que “esto es más delicado aún en el caso de los 400 mil pacientes oncológicos, crónicos y adultos mayores que cotizan en Isapre”.
“Los convencionales están proponiendo un sistema monopólico estatal, que elimina la libertad de elegir, cuando es el sistema público el que requiere mejoras significativas en el acceso y oportunidad, con falta de médicos e infraestructura para resolver las necesidades de más de 2,3 millones de personas en listas de espera. Pensar en aumentar la carga de afiliados es un salto al vacío para las personas”, añadieron.
Asimismo, cuestionaron que eliminar las isapres implica costos para el Estado y que el 7% de las cotizaciones no serían suficientes para financiar las atenciones de los afiliados a isapre, por lo que el traspaso a Fonasa significaría un desembolso fiscal adicional, se refiere en T13.
“El impedir que entidades privadas expertas participen en la seguridad social, intermediando convenios que faciliten a las personas atender sus enfermedades, implica un deterioro de los servicios para los usuarios. Se ha difundido la idea de que las Isapres pasarán a ser seguros complementarios para mejorar lo que ofrecerá Fonasa”, agregaron y apuntaron que el terminar con las isapres “no mejorará a Fonasa, muy por el contrario”, complementan.
Luego, mencionan que “la propuesta de la Convención Constitucional no ha puesto el foco en las personas, sino en desmantelar el sistema privado, con graves consecuencias para todos los usuarios”.
“Una reforma al sistema que mejore el acceso a las personas no pasa por estatizar. En ese sentido, los conceptos de universalidad, desconcentración, calidad, equidad, eficacia y oportunidad que se han plasmado en el borrador de la Constitución no son antónimos de la participación pública y privada, y no debieran excluir a actores disponibles para asegurar a los pacientes, que en ningún caso deben ver debilitado ni afectado su acceso a tratamientos”, cierran.
