¡Polémica total! Los senadores de derecha que buscan ayudar a las ISAPRES

Una moción parlamentaria alternativa sobre las isapres, que fue aprobada por 3-2 en la Comisión de Constitución del Senado y que conllevaría una reforma constitucional, fue recibida como un jarro de agua fría por el Gobierno ayer

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Una moción parlamentaria alternativa sobre las isapres, que fue aprobada por 3-2 en la Comisión de Constitución del Senado y que conllevaría una reforma constitucional, fue recibida como un jarro de agua fría por el Gobierno ayer.

La propuesta, presentada por Ximena Rincón, Matías Walker (ambos demócratas), Rodrigo Galilea, Francisco Chahuán (ambos de RN) y Javier Macaya (UDI), debe continuar su proceso en la sala y obtener 4/7 de los votos para seguir adelante. Esta autoriza a las aseguradoras privadas de salud a incrementar los planes base a través de una disposición transitoria.

La votación en la Comisión de Constitución del Senado contó con la aprobación de Luz Ebensperger (presidenta de la comisión, UDI), Matías Walker (sustituyendo al Evópoli Luciano Cruz-Coke) y Rodrigo Galilea, y el rechazo de Francisco Huenchumilla (DC) y Juan Luis Castro (PS, en reemplazo de su compañero de partido Alfonso de Urresti).

Según el Gobierno, la moción contradice abiertamente lo que establece el proyecto de “ley corta” que el Ejecutivo presentó la semana pasada al Congreso en respuesta a la sentencia de la Tercera Sala de la Corte Suprema del 30 de noviembre de 2022. Esta última obliga a las isapres a adaptarse a la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud y a devolver 1.400 millones de dólares por sobrecargos a un amplio grupo de usuarios desde abril de 2020.

La moción busca que las isapres recalculen los precios base de los planes contratados antes de abril de 2020, de modo que el precio final por contrato se asemeje al valor que cada asegurado pagaba en la fecha de la sentencia de la Corte Suprema.

Los patrocinadores de la moción argumentan que esto cumpliría con la resolución judicial y al mismo tiempo permitiría que el sistema privado de salud continúe funcionando. La Asociación de Isapres -que participará hoy desde las 9:30 a.m. en la Comisión de Salud del Senado que estudia la “ley corta”- sostiene que sus miembros quebrarán si se ven obligados a pagar esos 1.400 millones de dólares.

De esta manera, los excedentes a devolver serían menores -y se devolverían de forma gradual en dinero o como beneficios-, o incluso podrían llegar a desaparecer.

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¿Qué dijo el Gobierno?

La Ministra de Salud, Ximena Aguilera, se encontraba en la Comisión de Salud junto al Superintendente de Salud, Víctor Torres, y al director de Fonasa, Camilo Cid, para continuar con las exposiciones sobre la “ley corta”. Sin embargo, hizo un espacio para comentar acerca de la votación que tuvo lugar en la Comisión de Constitución.

“Vamos a seguir con nuestra tramitación como hasta ahora, pues no nos parece que el camino a seguir sea a través de un reforma constitucional. Acá plantean (en la Comisión de Constitución) que para subsistir las isapres pueden seguir cobrando en exceso a 600 mil contratos, principalmente a mujeres, a los que la rebaja por table de factores se les subiría a través del precio base. Se mantendría así una condición que la Corte Suprema ya consideró que es injusta”, comentó la secretaria de Estado.

Ademas, la máxima responsable del Minsal, agregó que “esta reforma anula toda adecuación a la baja de los precios de los planes de salud que la Corte Suprema ordenó de manera expresa por la aplicación de la tabla única de factores de la Superintendencia de Salud. Y como consecuencia, se anula también toda devolución por concepto de adecuación de la tabla de factores, manteniendo únicamente la que corresponde al cobro en exceso por los menores de dos años… Así es que es difícil apoyar esa iniciativa, dado que hay que respetar el orden institucional y lo que resolvió la Corte Suprema”.

Asimismo, la vocera Camila Vallejo también habló sobre lo que pasó en la Comisión de Constitución.

“Fue aprobada una reforma constitucional que busca anular los efectos del fallo de la Corte Suprema en materia de isapres. Esto es preocupante, porque ese es un proyecto que hace borrón y cuenta nueva, lamentablemente, en lo que establece otro poder del Estado, que es devolverles a muchos usuarios cobros indebidos hechos durante años por las isapres, en un modelo de negocios que se judicializó”, expresó la vocera.

Seguidamente, la ministra de la Segegob añadió que “esperamos que en la sala esto no avance, porque nuestros poderes no pueden estar buscando artilugios o fórmulas para anular la aplicación de un fallo tan contundente como el de la Corte Suprema… El camino más responsable es el plazo de seis meses ampliado y que el plan de pago contemple lo que estableció la justicia y no subir los precios de los planes”.