Durante la sesión de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se reveló una grave acusación relacionada con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Según la acusación, los programas de Alimentación Escolar y Alimentación Parvularia habrían funcionado a través de contratos directos no justificados, infringiendo presuntamente la ley.

Se informó que la Junaeb desembolsó aproximadamente $41.000.000.000 por raciones servidas en establecimientos no licitados sin contrato, y pagó alrededor de $71.000.000.000 por servicios licitados pero no prestados, durante el período comprendido entre marzo y diciembre del año pasado.

Además, se mencionó un contrato de $3.500.000.000 con la empresa Soser, en el cual se habrían entregado solo 30 colaciones. Este antecedente fue presentado por el ex director nacional de Junaeb, Cristóbal Acevedo, durante la sesión de la comisión revisora.

Junaeb solicitó pronunciamiento a la Contraloría

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para pronunciarse sobre la ejecución de los recursos de los programas de alimentación escolar parvularia y escolar primaria.

Aunque aún falta corroborar los antecedentes y determinar si estos casos están incluidos en la acusación constitucional, su eventual comprobación podría tener implicancias políticas y jurídicas para la acusación contra el ministro Ávila.

El Gobierno se encuentra recabando información al respecto y se espera una comunicación oficial sobre el caso. La vocera Camila Vallejo ha reiterado los cuestionamientos a la acusación constitucional, considerándola una discriminación homofóbica hacia el ministro Ávila.

“Como le digo, la información se ha estado recabando y, por lo tanto, cuando tengamos la posibilidad de una comunicación más oficial y más responsables sobre eso, lo vamos a hacer”, señaló.

Finalmente, Vallejo dijo que “nos hemos pronunciado respecto a la falta de argumentos y fundamentos de la acusación constitucional, cuya principal inspiración tiene que ver con una intención de discriminación homofóbica hacia un ministro de Estado, del cual se le responsabilizó durante bastante tiempo por actos que no correspondían incluso a su cartera, sino que en muchos casos a otras autoridades, incluso a un alcalde de otro color político”.