El abogado de la diputada Karol Cariola ha realizado serias acusaciones sobre el allanamiento llevado a cabo por la Fiscalía y la PDI en contra de la parlamentaria, justo después de haber dado a luz a su primer hijo. El jurista, Juan Carlos Manríquez, acusó violencia obstétrica, solicitó la anulación del procedimiento y anunció que llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El reclamo de violencia obstétrica durante el allanamiento

En una entrevista con Cooperativa, Manríquez explicó que los policías le afirmaron que “se les insistió en llevar adelante esa diligencia en ese minuto y hora”, ya que la Fiscalía temía que Cariola pudiera eliminar evidencia de su celular. Esta acción se enmarca dentro de una investigación sobre un posible tráfico de influencias relacionado con la diputada.

La postura del abogado sobre el allanamiento

El abogado se mostró sorprendido ante la situación y cuestionó la lógica detrás de la decisión. “¿Usted cree que una mujer puesta en una mesa quirúrgica pariendo un niño va a estar con su teléfono transfiriendo un informe o poniéndose de acuerdo con otro?”, dijo, y agregó que cualquier tribunal podría calificarlo como violencia obstétrica. Además, destacó que existen convenciones internacionales y leyes que protegen tanto a la mujer como al niño contra este tipo de violencia.

Preocupaciones por filtración de fotos privadas

El abogado Manríquez también expresó su preocupación por una posible filtración de fotos y videos del parto de la diputada. Aseguró que los agentes incautaron el celular de Tomás de Rementería, el padre del menor, en el que se encontraban grabados momentos privados del parto. Manríquez advirtió que esto podría resultar en una violación de la privacidad, debido a una posible filtración de imágenes de carácter íntimo.

Para más detalles, puedes leer nuestras ÚLTIMAS NOTICIAS DE NACIONAL.

El temor a la filtración de material privado

“Esto es totalmente vejatorio y humillante”, afirmó el abogado, señalando que en el país existe “una cultura de filtraciones” y que, sin el control adecuado, esas imágenes y videos podrían haberse difundido sin el consentimiento de los involucrados. Además, manifestó que no hay garantía de que el material no sea filtrado, a menos que se anule el procedimiento llevado a cabo por las autoridades.