Un nuevo antecedente cuestiona la hipótesis del fiscal Cooper sobre supuesto financiamiento irregular a la campaña de Boric en el Caso Procultura.
La investigación del Caso Procultura, que involucra presuntas irregularidades en el uso de recursos vinculados a la fundación, sumó un nuevo elemento que podría debilitar una de las principales líneas investigativas del fiscal Patricio Cooper. Esta se refería a un supuesto vínculo entre dineros de la ONG y el financiamiento de la campaña presidencial del actual mandatario, Gabriel Boric.
Fiscal solicitó intervención telefónica sin éxito
Según reveló un reportaje de Ciper Chile, el fiscal Cooper habría intentado obtener autorización judicial para interceptar el teléfono del Presidente Boric, respaldando su solicitud en una presunta confesión escuchada en una llamada interceptada durante la investigación.
En esa conversación, una proveedora llamada Lucía, que exigía el pago de una deuda a directivos de Procultura, habría citado una frase atribuida a su entonces director, Alberto Larraín:
“No, gasté esta plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”, afirmó la mujer.
El fiscal interpretó que esa “plata” correspondía a fondos públicos obtenidos mediante convenios con organismos estatales. Sin embargo, los antecedentes analizados por Ciper contradicen esa hipótesis.
Los fondos no provenían del Estado
El medio periodístico revisó los antecedentes financieros y rastreó el origen del dinero al que se refería la denuncia. En ese análisis, determinó que los recursos utilizados por la fundación no eran fondos públicos, como sostenía Cooper, sino aportes privados provenientes de empresas como Anglo American, Minera Candelaria y Enel.
“Se basa en un error”, señala el reportaje en relación con la sospecha del fiscal, agregando que en la carpeta investigativa tampoco existen pruebas que vinculen esas sumas con el financiamiento de la campaña presidencial de Boric.
La identidad de la proveedora: Lucía Bustamante
La mujer que realizó la exigencia de pago fue identificada como Lucía Bustamante, propietaria de la empresa Productora Gráfica Andros. Según la investigación, la ONG Procultura le adeudaría cerca de 41,9 millones de pesos por servicios de impresión prestados a la fundación.
No hay evidencia, hasta ahora, de que ese dinero haya sido utilizado en actividades políticas o destinado al equipo de campaña del actual jefe de Estado.