Una fuerte polémica se encendió tras la reciente paralización nacional de profesores. El dictamen de la Contraloría General de la República que instruye descuentos salariales por los días no trabajados encendió las alarmas en el gremio docente, que acusa un intento de criminalizar las movilizaciones y una posible colusión política detrás del oficio.

Contraloría ordena descontar los días de paro

La controversia surgió a raíz de un oficio emitido por la Contraloría, que fue enviado a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y que también aplicaría a las municipalidades. En el documento se exige que se informe cómo se aplicarán los descuentos en las remuneraciones de los profesores que participaron en el paro de dos días convocado por el Colegio de Profesores el miércoles y jueves recién pasados.

Varios municipios ya habrían comenzado a ejecutar dichos descuentos, respaldados por la postura del organismo liderado por la contralora Dorothy Pérez.

Contraloría declara las paralizaciones como “ilegales”

El oficio fue emitido en respuesta a una consulta parlamentaria y fue categórico:
“Toda paralización de actividades vulnera el artículo 19, N° 16, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, de conformidad con el cual no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”, señala el texto.

Además, invocando un dictamen anterior de febrero, Contraloría reafirma que cualquier ausencia por adherir a estas movilizaciones debe traducirse en un descuento obligatorio en los sueldos.
“Esa situación no configura ninguna causal que justifique su inasistencia”, afirma el documento, invalidando incluso los tradicionales planes de recuperación de clases que suele implementar el gremio tras cada paro.

Recuperar clases no evita descuentos

Pese a que históricamente los paros docentes han sido seguidos por jornadas de recuperación de contenidos, Contraloría dejó claro que esto no exime a los profesores de sanciones económicas.
“La recuperación de clases tiene por finalidad dar cumplimiento a los respectivos planes de estudios y no puede entenderse como una causal de plena justificación de las inasistencias”, aclara el organismo.

Mario Aguilar acusa persecución y amedrentamiento

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, fue tajante en su reacción:
“Esto es una acción antitrabajadores y trabajadoras. La contralora lo que está diciendo es que toda movilización tiene que ser castigada”, declaró en entrevista con Las Últimas Noticias.

Aguilar también levantó sospechas por el momento en que se emitió el oficio: justo un día antes de la movilización nacional.
“Eso cumple un objetivo de amedrentamiento. Es una coincidencia que, para mí, no puede ser casual. Se podría calificar incluso como una práctica antisindical”, denunció.

¿Colusión política?

El dirigente fue más allá e insinuó una coordinación entre autoridades y sectores políticos.
“Resulta altamente sospechoso que emita ese oficio y, acto seguido, la UDI salga exigiendo que se hagan los descuentos a los docentes. Ahí hay una colusión política que me parece bastante evidente”, sentenció, asegurando que lo que se busca es desincentivar la protesta y coartar el derecho a manifestarse.

El conflicto entre los profesores y las autoridades suma un nuevo capítulo. Mientras Contraloría exige firmeza y apego a la ley, desde el gremio docente aseguran que se intenta silenciar la movilización social a través del castigo económico. El debate, sin duda, recién comienza. Para más actualizaciones, revisa la sección de Carabineros y política nacional en Central Noticia.