La Contraloría General de la República encendió las alertas tras una reciente auditoría que evidenció importantes fallos en el proceso de fiscalización de armas inscritas, a cargo de Carabineros de Chile. El organismo encontró que, en varios casos, no se respetaron los protocolos establecidos para reportar irregularidades al Ministerio Público.

Irregularidades en el manejo de armas no transferidas

Uno de los puntos más preocupantes del informe es que 37 armas vinculadas a 26 personas no fueron ni incautadas ni reportadas a la autoridad judicial, como exige la normativa. Estas omisiones fueron atribuibles a la Autoridad Fiscalizadora Nº28 del O.S.11 de Carabineros, responsable de velar por el correcto control de las armas de fuego registradas en el país.

El informe cuestiona que no se haya notificado al Ministerio Público cuando, al realizar inspecciones, no se encontraron las armas en los domicilios correspondientes o cuando estas no habían sido transferidas tras el fallecimiento de sus dueños.

Problemas en la fiscalización de armas de fallecidos

La auditoría también se enfocó en 30 casos de inspecciones a armas inscritas que pertenecían a personas ya fallecidas. En ninguna de esas visitas se logró ubicar las armas, ni se presentó documentación que demostrara su transferencia legal a un nuevo titular.

A pesar de que en el sistema informático institucional figuraba que se habían hecho las denuncias respectivas, la autoridad fiscalizadora no pudo entregar evidencias concretas que acreditaran dichas acciones.

Contraloría toma acciones frente a las omisiones

Frente a esta serie de incumplimientos, la Contraloría decidió abrir un sumario administrativo directo contra la unidad involucrada, y derivó los antecedentes al Ministerio Público para su investigación penal correspondiente.

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Estas fallas podrían tener implicancias graves en materia de seguridad pública, considerando la alta responsabilidad que recae sobre los entes encargados del control de armas.