Carabineros bajo cuestionamiento: contrataron a abogados ligados al narcotráfico para defender a funcionarios
Carabineros contrató a dos abogados ligados a narcos para defender funcionarios, generando polémica por uso de recursos públicos.
Una nueva controversia sacude a Carabineros, luego de que se revelara la contratación de dos abogados que han estado relacionados con la defensa de narcotraficantes y miembros del crimen organizado. La polémica radica no solo en el perfil de los juristas, sino en que el pago por sus servicios se realizó con fondos públicos.
Abogados con historial cuestionado
De acuerdo con información entregada por la Contraloría General de la República, los juristas Alejandro Peña y José Villalobos figuran en la nómina de defensores que han representado a personas investigadas por delitos vinculados al narcotráfico.
Ambos fueron contratados por la Dirección de Bienestar de Carabineros para representar a funcionarios de la institución, y cada uno recibió $2,5 millones por concepto de honorarios, según datos difundidos por Radio Bío Bío.
Alejandro Peña ha estado involucrado en causas de tráfico internacional de drogas, mientras que José Villalobos ha actuado como abogado defensor en múltiples casos relacionados con la Ley de Drogas, incluyendo imputados de alto perfil.
Justificación institucional y críticas a la opacidad
Desde Carabineros argumentaron que esta contratación se enmarca dentro de sus responsabilidades, indicando que “es deber de la institución brindar defensa jurídica a sus funcionarios cuando así lo requieren”. No obstante, no entregaron detalles sobre los casos específicos en que los abogados participaron, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia.
El uso de recursos del erario público para financiar estas defensas ha encendido el debate, especialmente considerando el historial profesional de los abogados involucrados.
Debates sobre ética y probidad
La decisión ha sido ampliamente cuestionada, tanto desde el ámbito político como social. Para muchos, la contratación de abogados vinculados con el crimen organizado pone en entredicho los estándares éticos de la institución, y abre interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos al interior de Carabineros.
Este episodio se suma a otras situaciones que han puesto en tela de juicio la probidad institucional, justo en momentos donde la opinión pública exige mayor claridad y rigurosidad en las decisiones que involucran fondos fiscales y credibilidad operativa.
