La polémica por el mal uso de las licencias médicas en el sistema público de salud sigue generando consecuencias. Las investigaciones siguen su curso tras un informe de la Contraloría que destapó que más de 25 mil trabajadores estatales salieron del país mientras estaban con licencia.

En este contexto, un reportaje reciente identificó cuáles son los recintos hospitalarios con más casos de este tipo en todo Chile, siendo todos ellos establecimientos ubicados en la Región Metropolitana.

Hospitales con más irregularidades: cinco centros en la mira

Funcionarios viajaron estando en reposo médico

Según datos recopilados por La Tercera, los cinco hospitales con mayor número de funcionarios que registraron salidas al extranjero durante sus periodos de licencia médica son:

• Hospital Sótero del Río: encabeza la lista con 198 funcionarios que viajaron fuera del país mientras se encontraban bajo licencia médica.
• Hospital El Carmen de Maipú: se reportaron 279 entradas y salidas del país, correspondientes a 196 trabajadores.
• Hospital San José: figura con 203 licencias médicas vinculadas a viajes internacionales, sumándose a otras denuncias anteriores por presuntas malas prácticas.
• Hospital Clínico Félix Bulnes: presenta 264 registros de desplazamientos al extranjero, protagonizados por 137 funcionarios activos y 18 ex trabajadores.
• Hospital Barros Luco: cierra la lista con 257 movimientos migratorios asociados a 136 funcionarios del recinto.

El caso que sigue generando repercusiones

Más de 25 mil trabajadores públicos involucrados

El informe que originó esta crisis fue elaborado por la Contraloría General de la República, y reveló que miles de funcionarios públicos utilizaron sus licencias médicas como excusa para salir del país, en muchos casos por motivos personales o turísticos.

Este hallazgo ha generado múltiples sumarios administrativos y llamados de atención en distintas instituciones estatales, especialmente en el sistema de salud pública, donde se han concentrado los mayores focos de irregularidades.

Las investigaciones continúan y podrían derivar en sanciones administrativas, desvinculaciones e incluso en querellas judiciales, en los casos más graves.