Impactante cifra en las cárceles chilenas: revelan cuántas personas han ingresado durante este gobierno en medio de un 140% de sobrepoblación
Chile enfrenta una crisis inédita en sus cárceles: población penal crece 35% desde 2022, hacinamiento llega a 140% y Gendarmería advierte riesgo crítico
El sistema penitenciario chileno vive uno de sus momentos más complejos. Según datos entregados por el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, la cantidad de personas privadas de libertad aumentó un 35% desde 2022, pasando de 42.000 internos a cerca de 63.000 en la actualidad. Esta situación ha provocado una sobrepoblación promedio del 140% en los recintos del país.
Crecimiento sin freno y sin señales de estabilización
Lo que más preocupa a las autoridades es que no existe una proyección de estabilización. Los informes revelados ante la comisión legislativa indican que la cifra seguirá aumentando durante el próximo año, presionando aún más la capacidad del Estado.
Pese a este explosivo crecimiento, el presupuesto destinado al sistema penitenciario y la dotación de Gendarmería se han mantenido prácticamente iguales, generando un fuerte desequilibrio entre demanda y capacidad operativa.
Hacinamiento extremo y riesgo para la reinserción
La saturación de los recintos ha dejado casi sin posibilidad de aplicar criterios técnicos de clasificación o segregación interna.
Muñoz advirtió que esta mezcla forzada de perfiles penitenciarios favorece el “contagio criminógeno”, profundizando el riesgo de que internos de baja peligrosidad sean captados por redes vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico.
Además, el hacinamiento afecta directamente las posibilidades de reinserción social, prácticamente anuladas en el actual escenario.
Violencia y amenazas: Gendarmería en estado de alerta
La crisis también golpea con fuerza a los funcionarios de Gendarmería. El director nacional de la institución, Rubén Pérez, describió un ambiente de creciente tensión, con amenazas constantes y episodios de violencia.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 1 de diciembre en el penal de Talca, donde un incidente dejó a cinco funcionarios lesionados.
Frente a estos hechos, parlamentarios se comprometieron a acelerar proyectos de ley que fortalezcan la protección legal y física de los funcionarios y sus familias.
Un problema estructural que supera a los gobiernos
Aunque el Ejecutivo insiste en que no existen “espacios vetados” para la autoridad al interior de los penales, también reconoce la urgencia de implementar un plan maestro que aborde el problema desde múltiples frentes.
La comisión legislativa coincidió en que se trata de una crisis de Estado, acumulada durante años, que requiere soluciones graduales pero sostenidas: mejorar la infraestructura, fortalecer el sistema de persecución penal y evitar que las cárceles se transformen en centros operativos delictuales.
