Caso María Ercira suma nueva arista por posible obstrucción y fallas en pruebas clave, mientras continúa la búsqueda de su paradero.
A casi dos años de la desaparición de María Ercira Contreras, ocurrida tras una celebración del Día de la Madre en Limache en 2024, la investigación dio un vuelco que ahora apunta a eventuales responsabilidades institucionales.
Mientras se mantiene activa la búsqueda para dar con su paradero, el Ministerio Público abrió una segunda línea investigativa que podría marcar un punto de inflexión en la causa.
Dos frentes abiertos en la investigación
La Fiscalía trabaja hoy en paralelo en dos ámbitos: esclarecer qué ocurrió con la mujer y determinar si existió obstrucción a la justicia durante las primeras diligencias.
En esta última arista figuran como imputados dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y la propietaria del Fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert.
Sospechas por manejo de registros audiovisuales
Las dudas se centran en presuntas irregularidades en la cadena de custodia de grabaciones del hotel donde fue vista por última vez María Ercira. Según antecedentes conocidos, los policías involucrados optaron por guardar silencio tras ser citados a declarar por el manejo “irregular” de los discos duros con los registros del día de los hechos.
Testimonios recogidos por la Fiscalía señalan que el 3 de julio de 2024 un funcionario de la PDI habría intentado entregar una cadena de custodia sin el dispositivo original.
La advertencia ignorada
Una testigo del Ministerio Público relató que el policía se negó a dejar el disco duro, argumentando que lo necesitaban en su unidad, pese a que se le advirtió que se trataba de una causa de alto impacto mediático.
Posteriormente, la perito en video Nadia Mansilla confirmó que el respaldo entregado estaba incompleto. Al revisarlo, se detectó que no contenía las 24 horas de grabación correspondientes a la jornada, sino apenas seis, sin claridad sobre cuántos archivos habían sido copiados ni si era posible extraerlos en su totalidad.
Expertos alertan “falla crítica” en el procedimiento
Especialistas en criminalística calificaron lo ocurrido como una “falla crítica”. El investigador forense Claudio Muñoz explicó que trasladar información a computadores distintos de los equipos originales compromete la integridad de la evidencia.
Otro testigo añadió que los archivos superaban los 16 gigabytes, pero que no existió ningún documento oficial que certificara formalmente la entrega directa entre la PDI y la Fiscalía.
Fiscalía defiende diligencias y familia expresa frustración
Frente a este complejo escenario, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, aseguró que no se ha dejado de realizar ninguna acción necesaria para aclarar lo ocurrido.
Desde la familia, en tanto, la sensación es de profunda frustración. La nieta de María Ercira, Carla Hernández, lamentó la situación y afirmó: “Si tuviéramos esas horas de grabación, quizás podríamos saber qué sucedió con mi abuela”.
Con nuevas aristas abiertas y cuestionamientos sobre los primeros procedimientos, la investigación sigue avanzando en uno de los casos más enigmáticos de los últimos años en la región.