Una nueva derivada del caso Hermosilla encendió las alarmas en el mundo político. Cinco parlamentarios quedaron bajo investigación tras ser mencionados en una trama asociada a resoluciones judiciales favorables al consorcio bielorruso Belaz-Movitec, indagatoria que ahora será liderada por la Fiscalía Regional de Aysén.

La instrucción fue emanada directamente por el fiscal nacional, Ángel Valencia, luego de que los nombres surgieran en antecedentes recopilados en la causa principal, donde también aparece involucrada la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

La investigación que abrió una nueva arista

El fiscal Hernán Libedinsky quedó a cargo de profundizar las diligencias, luego de que distintos parlamentarios fueran mencionados en interceptaciones telefónicas, declaraciones judiciales y movimientos financieros que hoy son objeto de análisis del Ministerio Público.

Los parlamentarios bajo la lupa

Paulina Vodanovic (PS)

La senadora y presidenta del Partido Socialista fue mencionada en escuchas telefónicas entre un operador judicial y uno de los conservadores imputados, lo que llevó a que su nombre fuera considerado de interés investigativo.

Tras conocerse estos antecedentes, Vodanovic respondió con dureza y afirmó: “que se ponga en duda mi honra, ni mi trayectoria de más de 30 años como abogada, funcionaria pública y actualmente senadora sobre la base de insinuaciones, trascendidos o filtraciones interesadas”.

Cristián Araya (Partido Republicano)

En el caso del diputado Araya, se investiga una eventual entrega de $1,7 millones por parte del exconservador Sergio Yáber, imputado por lavado de activos.

Las escuchas indican que Yáber habría buscado apoyo para frenar una acusación constitucional contra el exjuez Antonio Ulloa, iniciativa que finalmente prosperó.

Araya descartó cualquier vínculo económico y aseguró: “nunca recibí un peso del señor Yáber ni del señor (Víctor) Valech y no me puedo hacer cargo de lo que puedan decir terceras persona”. Añadió además que “estas personas tampoco me solicitaron que hiciera una gestión a favor del señor Ulloa”.

Matías Walker (Demócratas)

Otro nombre involucrado es el del senador Matías Walker, quien recibió una transferencia de $1,6 millones de Yáber para financiar una pasantía en el extranjero de su hijo.

El parlamentario reconoció la relación personal, pero negó cualquier intervención indebida y explicó que el exconservador lo ayudó “con apoyo emocional y también con apoyo económico para enfrentar las consecuencias de lo que significan los costos de haber enfrentado una enfermedad catastrófica” de su hijo.

Loreto Carvajal (PPD)

Según antecedentes publicados por Ciper, el abogado y exdiputado Eduardo Lagos declaró ante la Fiscalía que la senadora Carvajal habría recibido $300 millones para influir en el nombramiento del conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle.

Lagos fue uno de los representantes del consorcio Belaz-Movitec, investigado por presuntos pagos irregulares para obtener fallos favorables de la exministra Vivanco.

Sergio Gahona (UDI)

El quinto parlamentario mencionado es el senador Sergio Gahona. La investigación incluye la contratación de su hija por parte de Yáber entre 2022 y 2023 y su posterior designación como notaria interina en San Miguel, pocos años después de concluir su práctica profesional.

También se analizan un arriendo de un inmueble en Coquimbo propiedad de Yáber y un pago de $4 millones al senador durante 2023.

Una causa que sigue sumando capítulos

Con estas nuevas diligencias en curso, la Fiscalía busca esclarecer si existieron eventuales gestiones irregulares, pagos indebidos o influencias en decisiones judiciales vinculadas al consorcio extranjero.

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La arista bielorrusa se suma así a una de las investigaciones más complejas y sensibles de los últimos años, cuyo avance podría tener impacto directo en el escenario político nacional.