La Fiscalía presentó la acusación en el caso Audio-Factop y solicitó altas condenas para sus principales imputados.
El denominado Caso Audio-Factop dio este martes un giro decisivo. El Ministerio Público formalizó su acusación contra los principales involucrados, cerrando la fase investigativa y dando paso al camino hacia el juicio oral, tras una causa que remeció al país desde la difusión de un registro sonoro en noviembre de 2023.
La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, fue la encargada de comunicar los castigos solicitados, apuntando a delitos de corrupción, fraude y lavado de dinero detectados durante la indagatoria.
Las condenas que busca la Fiscalía
La persecutora detalló las penas requeridas para cada uno de los imputados, considerados figuras centrales dentro del entramado investigado.
Luis Hermosilla
El abogado enfrenta una solicitud de 14 años de presidio por presuntos delitos de soborno, lavado de activos y evasiones tributarias.
Daniel Sauer
Para el empresario ligado a Factop, la Fiscalía pide 20 años de cárcel, acusándolo de estafa, administración desleal, soborno e infracciones a la Ley de Mercado de Valores.
Leonarda Villalobos
En tanto, la abogada arriesga una condena de 18 años de prisión por lavado de activos, soborno y delitos tributarios.
El origen del caso que sacudió al país
La investigación se inició a partir de conversaciones grabadas que se conocieron públicamente en 2023. En esos audios se revelarían presuntos pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), con el objetivo de favorecer operaciones financieras vinculadas a la empresa Factop.
Estos antecedentes dieron pie a una extensa indagatoria que terminó por configurar una de las causas judiciales más mediáticas del último tiempo.
Camino al juicio oral
Con la presentación de la acusación, el proceso entra ahora en la etapa de preparación del juicio oral. En esta fase, las defensas de Hermosilla, Sauer y Villalobos podrán exponer sus reparos, impugnar las pruebas reunidas por la Fiscalía y, si lo estiman pertinente, solicitar nuevas diligencias o la incorporación de aristas que todavía se mantienen abiertas.
Así, el Caso Audio-Factop avanza hacia una definición judicial que podría marcar un precedente en materia de delitos económicos en el país.