La anulación de un cable submarino con China desató tensión diplomática tras una advertencia de EE.UU. y derivó en sanciones.
Una decisión que parecía administrativa terminó escalando a un conflicto diplomático. En pocos días, una autorización estratégica quedó sin efecto y abrió un nuevo flanco de tensión entre Chile y Estados Unidos.
Autorización anulada desata controversia internacional
El pasado 27 de enero, el ministro Juan Carlos Muñoz firmó de manera digital la autorización para otorgar una concesión a China Mobile International. El permiso contemplaba la instalación de un cable submarino que uniría Valparaíso con Hong Kong.
Sin embargo, solo dos días después, el decreto fue dejado sin efecto. Según revelaciones posteriores, la decisión estuvo marcada por una advertencia directa proveniente desde Estados Unidos.
El proyecto del cable submarino
La iniciativa buscaba establecer una conexión internacional de telecomunicaciones mediante un cable submarino, bajo una concesión de 30 años renovables. El proyecto avanzó con rapidez en su fase técnica inicial, superando en poco más de dos meses las evaluaciones correspondientes, incluidas las observaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Con el informe técnico favorable de Subtel, el decreto quedó listo y fue firmado por el ministro. No obstante, pese a contar con esa aprobación, nunca fue enviado a la Contraloría General de la República para su toma de razón.
La advertencia desde Washington
De acuerdo con nuevos antecedentes, horas después de la firma ministerial, representantes estadounidenses sostuvieron una reunión en Santiago con Guillermo Petersen, jefe de gabinete del subsecretario Claudio Araya.
En ese encuentro, los emisarios habrían alertado de forma confidencial sobre los riesgos del proyecto, basándose en “antecedentes reservados”. Entre ellos, se mencionaron eventuales hackeos asociados a China que habrían afectado a empresas chilenas.
La reacción del Gobierno chileno
Tras recibir esa información, Muñoz decidió frenar el proceso y solicitó informes al Estado Mayor Conjunto, la Agencia Nacional de Inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, con el fin de evaluar el alcance real de la advertencia.
El ministro también informó al Presidente Gabriel Boric, quien respaldó la decisión de no avanzar hasta contar con “absoluta claridad sobre el alcance” de las alertas planteadas desde Washington.
El 29 de enero, la autorización ya estaba formalmente anulada.
Reuniones, sanciones y consecuencias
Días después, Muñoz se reunió con el embajador Brandon Judd, quien transmitió directamente la inquietud de la administración de Donald Trump e incluso deslizó la posibilidad de sanciones.
Finalmente, el 20 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de visas a Muñoz, Araya y Petersen. En esa ocasión, desde Washington aseguraron que el “legado del Gobierno de Gabriel Boric se verá aún más empañado” por este tipo de decisiones.