El gobierno difundió un decálogo que establece reglas y prohibiciones para el uso de redes sociales por autoridades públicas.
El gobierno del Presidente José Antonio Kast dio a conocer un documento que establece normas claras sobre cómo deben utilizar las redes sociales las autoridades y cuentas institucionales del Estado.
El texto, denominado “Decálogo de prohibiciones en Redes Sociales para Autoridades”, busca regular el uso de estas plataformas para evitar su utilización con fines personales o políticos desde el aparato público.
El documento que fija nuevas normas digitales
El instructivo fue revelado públicamente y establece diez lineamientos que deberán seguir ministros, autoridades y organismos del Estado al momento de utilizar redes sociales institucionales.
El objetivo principal es garantizar que estos canales se utilicen exclusivamente para informar sobre la labor pública y no para fines partidistas o personales.
Uno de los aspectos que más llamó la atención es que las autoridades no podrán bloquear a usuarios en cuentas institucionales cuando estos expresen críticas o comentarios.
Según el documento, impedir la participación de ciudadanos podría vulnerar derechos relacionados con el acceso a la información y la participación pública.
Eso sí, el texto también establece que las autoridades pueden recurrir a acciones legales si en redes sociales se cometen delitos en su contra.
Restricciones sobre el uso de la imagen de autoridades
Otra de las normas incluidas apunta al uso de la imagen personal de las autoridades en las cuentas oficiales del Estado.
El instructivo señala que no se debe repetir constantemente la presencia de una autoridad en publicaciones institucionales, especialmente durante periodos electorales.
La finalidad es evitar que los recursos públicos se utilicen para favorecer la imagen personal de una figura política.
Las 10 prohibiciones establecidas por el gobierno
El decálogo difundido establece una serie de reglas específicas que deberán respetar quienes administren cuentas institucionales.
1. No realizar propaganda política
Las autoridades no pueden utilizar su cargo, instalaciones estatales ni recursos públicos para promover campañas o actividades de carácter político-partidista.
2. No usar cuentas institucionales para fines personales
Las plataformas digitales de organismos públicos deben emplearse únicamente para difundir información relacionada con la función institucional.
3. No bloquear ciudadanos por sus opiniones
Las cuentas oficiales no podrán bloquear usuarios por expresar críticas o puntos de vista, ya que esto afectaría el derecho a la participación.
4. No publicar información oficial primero en cuentas personales
Los funcionarios no pueden difundir información obtenida por su cargo en perfiles personales antes de que sea publicada por los canales institucionales.
5. Evitar el uso excesivo de la imagen de autoridades
Las publicaciones oficiales no deben centrarse de manera reiterada en la imagen de una autoridad, para impedir que se utilicen recursos públicos con fines de promoción personal.
6. No enlazar cuentas personales desde plataformas oficiales
Las páginas web o redes sociales institucionales no pueden incluir vínculos hacia perfiles personales de autoridades.
7. No emitir opiniones ajenas a la función institucional
Las cuentas oficiales deben limitarse a contenidos vinculados directamente con las funciones del organismo.
8. No aplicar restricciones de forma discriminatoria
Aunque se pueden moderar comentarios, estas acciones no deben vulnerar principios de igualdad ni discriminar a usuarios.
9. No favorecer ni perjudicar candidaturas
Las autoridades tienen prohibido utilizar su cargo para influir a favor o en contra de partidos políticos, candidatos o tendencias.
10. No realizar actividad política durante la jornada laboral
Incluso en cuentas personales, los funcionarios públicos solo pueden emitir opiniones políticas fuera del horario de trabajo y utilizando recursos propios.
Un intento por regular el uso institucional de redes
Con este decálogo, el Ejecutivo busca establecer criterios claros para el uso de redes sociales desde el Estado, en un contexto donde estas plataformas se han convertido en un canal central de comunicación entre autoridades y ciudadanía.
Las nuevas normas apuntan a reforzar la transparencia, evitar el uso indebido de recursos públicos y mantener la neutralidad institucional en los espacios digitales.