Contraloría endurece exigencias a ministros y advierte sanciones por faltas a probidad y conflictos de interés.
La Contraloría General de la República volvió a intervenir en el debate sobre el actuar de las autoridades, esta vez mediante un instructivo que fija nuevas directrices para los ministros del gobierno encabezado por José Antonio Kast.
El documento, identificado como IN14/2026 y fechado el 27 de marzo, fue emitido por el organismo liderado por Dorothy Pérez y establece normas más estrictas en materia de probidad, transparencia y apego a la legalidad.
Contraloría fija exigencias obligatorias
Según consignó BioBioChile —medio al que se atribuye la información—, el instructivo no corresponde a una recomendación, sino a una instrucción formal que debe ser cumplida por todas las autoridades ministeriales.
Enfoque en legalidad y probidad
Desde el inicio, el texto enfatiza que “los Ministros de Estado (…) están sometidos al estricto cumplimiento de los principios de legalidad y probidad administrativa”, recordando además que cumplen el rol de “colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República”.
Conflictos de interés bajo estricta vigilancia
Uno de los puntos centrales del documento aborda los conflictos de interés, ampliando su alcance más allá de situaciones evidentes.
También se sancionan conflictos potenciales
La Contraloría advierte que incluso escenarios hipotéticos pueden comprometer la imparcialidad de las autoridades.
En esa línea, el instructivo señala: “La jurisprudencia administrativa ha concluido que el principio de probidad tiene por objeto impedir que las personas (…) puedan ser afectadas por un conflicto de intereses (…) aun cuando aquel sea solo potencial”.
Además, se refuerza la obligación de abstenerse de intervenir en decisiones donde existan vínculos personales, incluyendo relaciones familiares o incluso “amistad íntima o enemistad manifiesta”.
Declaración de patrimonio y sanciones
El documento también endurece las reglas relacionadas con la transparencia patrimonial de los ministros.
Plazos y multas por incumplimiento
Las autoridades deberán presentar su Declaración de Intereses y Patrimonio dentro de los 30 días posteriores a asumir el cargo, además de actualizarla cada año.
El incumplimiento de esta obligación puede implicar sanciones económicas, ya que “Al declarante infractor se le aplicará una multa… de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales”.
Si la omisión se extiende por más de cuatro meses, la situación se agrava, dado que “se considerará falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución”.
Medidas sobre intereses económicos y lobby
El instructivo también establece mecanismos concretos para evitar conflictos derivados de intereses financieros y contactos con terceros.
Administración de activos y registro de audiencias
Entre las disposiciones, se exige a los ministros delegar la gestión de sus bienes o desprenderse de ellos cuando estén relacionados con decisiones de su cartera.
En ese contexto, el texto indica: “El referido contrato de mandato constituye una solución… para evitar cualquier conflicto de intereses, incluso potencial”.
Asimismo, cada ministerio deberá mantener registros públicos actualizados de audiencias, reuniones, viajes y donaciones, bajo riesgo de sanciones en caso de omisiones o información incorrecta.
Restricciones en actividades políticas
El documento también delimita el rol de las autoridades en el ámbito político, especialmente en periodos sensibles.
Prohibición de intervenir en procesos electorales
La Contraloría fue categórica al señalar que los ministros no pueden utilizar sus cargos para influir en procesos electorales ni participar en actividades políticas contingentes.
En ese sentido, advierte: “No pueden realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente…”.
Advertencia final del organismo
El instructivo concluye con un llamado directo al cumplimiento de las normas, dejando en claro que habrá fiscalización permanente.
En su cierre, el documento establece: “Se instruye a los Ministros de Estado dar estricto y cabal cumplimiento (…) lo que será debidamente fiscalizado por esta Entidad de Control”.
Con estas medidas, la Contraloría refuerza su rol de supervisión sobre la gestión pública, poniendo especial énfasis en la transparencia y la integridad en el ejercicio del poder.