Minvu denuncia posibles delitos en reconstrucción de El Olivar: apuntan a irregularidades y riesgos en viviendas.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por eventuales irregularidades detectadas en el proceso de reconstrucción de viviendas en el sector El Olivar, en Viña del Mar, tras el devastador incendio de febrero de 2024.
El documento, firmado por el ministro Iván Poduje, expone antecedentes que podrían configurar diversos delitos en el desarrollo de proyectos habitacionales financiados con recursos públicos.
Uso cuestionado de sistema constructivo
Uno de los focos principales de la denuncia apunta al empleo del sistema “Fast Work”, cuya utilización no se habría ajustado a las condiciones autorizadas.
Método aplicado fuera de norma
Según el informe técnico, este sistema —aprobado únicamente para viviendas de un piso— habría sido implementado en edificaciones de dos niveles y en configuraciones distintas a las certificadas.
El documento advierte: “El uso de certificaciones ajenas para acreditar un sistema constructivo en condiciones distintas a las aprobadas constituye un engaño tanto a las familias beneficiarias como al Estado”.
Además, se alerta sobre posibles riesgos estructurales, considerando que la región presenta alta actividad sísmica.
Dudas sobre seguridad estructural
La División Técnica del ministerio detectó múltiples observaciones respecto al comportamiento de las viviendas.
Riesgos en caso de sismos
Entre los hallazgos se mencionan estructuras poco claras en su diseño transversal, ausencia de elementos que garanticen rigidez y uso de materiales no certificados para resistir movimientos sísmicos.
El informe concluye que el sistema “deberá analizarse con mayor detención”, ante el riesgo de deformaciones que podrían comprometer la estabilidad de las construcciones.
Problemas adicionales en las viviendas
Las observaciones no solo se limitan al aspecto estructural, sino también a otros estándares exigidos por normativa.
Deficiencias en fuego y aislamiento
El documento advierte falencias en la resistencia al fuego, especialmente por el uso de estructuras metálicas sin respaldo técnico adecuado.
Asimismo, se detectaron incumplimientos en materia de aislamiento acústico entre viviendas, lo que podría vulnerar la normativa vigente.
Denuncias de familias afectadas
Vecinos del sector también han expuesto situaciones que agravan el caso, apuntando a prácticas irregulares por parte de la empresa involucrada.
Cambios sin consentimiento y presiones económicas
Las familias acusan modificaciones en los materiales comprometidos sin su autorización, situación respaldada por informes técnicos del propio ministerio.
Además, se denuncian presiones para evitar el cambio de entidad patrocinante, incluyendo advertencias sobre un cobro de $1.200.000 descontado del subsidio habitacional.
Posibles delitos en investigación
La denuncia detalla que los hechos podrían constituir delitos como estafa agravada, fraude al fisco, uso indebido de certificaciones, coacción, amenazas e incluso tráfico de influencias.
En ese contexto, se señala que estas prácticas “configuran el engaño con perjuicio patrimonial” tanto para las familias como para el Estado.
Millonarios recursos comprometidos
El caso involucra contratos que superan las 709 mil UF en fondos públicos, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones.
Ahora será el Ministerio Público el encargado de avanzar en la investigación y determinar eventuales responsabilidades, en un proceso que impacta directamente a familias que buscan reconstruir sus viviendas tras una de las tragedias más graves recientes en la región.