Cuando creía que se salvaba: El fulminante y sorpresivo golpe de Fabiola Campillai que acorrala a Camila Flores

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, descartó que la Corporación impulse acciones judiciales en medio de la controversia que involucra a la senadora Camila Flores.

La situación se da tras la difusión de una investigación que apunta a la parlamentaria por un eventual fraude al Fisco, lo que ha generado reacciones en el Congreso.

Cámara aclara límites de sus atribuciones

Desde la testera de la Cámara Baja explicaron que no existe competencia para presentar querellas en este tipo de casos.

Respuesta oficial ante la solicitud

A través de su secretario, Alessandri señaló:
“No corresponde ni que haya denuncia ni menos querella, porque no tenemos facultades para ello. Sin perjuicio de lo cual, cada vez que ha habido alguna denuncia en contra de algún parlamentario, hemos entregado toda la información requerida y estamos dispuestos a entregar toda la información”.

Investigación apunta a presunto uso irregular de recursos

El caso que involucra a la exdiputada se conoció la semana pasada, cuando se revelaron antecedentes que la vinculan a un eventual uso indebido de fondos públicos.

Acusaciones en su contra

De manera preliminar, se le atribuye haberse apropiado de parte de los salarios de sus asesores para cubrir gastos personales, situación que está siendo analizada por el Ministerio Público.

Campillai solicita intervención de Comisión de Ética

En paralelo, la senadora Fabiola Campillai anunció que buscará que el caso tenga consecuencias en el ámbito interno del Congreso.

Oficio para revisar el uso de recursos

La parlamentaria confirmó:
“Tras revelarse la investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso en contra de la Senadora Flores, he recurrido a la Comisión de Ética solicitando que se tomen todas las acciones necesarias para prevenir que se mal utilicen los recursos públicos y las asociaciones parlamentarias”.

Llamado a reforzar controles

Campillai enfatizó la responsabilidad de las autoridades en el manejo de fondos públicos, planteando que:
“Quienes ejercemos una función pública debemos ser los primeros en preocuparnos en que los recursos públicos sean bien utilizados”.

Además, advirtió que, de comprobarse los hechos, el impacto trasciende lo legal:
“es indudable que en el caso de ser ciertos los hechos descritos en el reportaje, no sólo podría constituir un fraude al Fisco, sino que además produce un daño a la credibilidad e imagen de quienes ejercemos nuestro cargo con responsabilidad”.

Revisión de mecanismos internos

Finalmente, la senadora planteó la necesidad de fortalecer los sistemas de control:
“Resulta indispensable revisar los actuales mecanismos de control a la luz de los acontecimientos y perfeccionar lo que sea necesario para que ello no ocurra”.

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Debate abierto en el Congreso

El caso ha abierto una nueva discusión en el ámbito legislativo sobre el uso de recursos y los mecanismos de fiscalización, en un contexto donde distintas voces apuntan a reforzar la transparencia en la función pública.